La inmigración, sin duda alguna, fue la cuestión protagonista en la campaña previa al referéndum sobre la permanencia en la UE. Los británicos apostaron finalmente por el Brexit. Y ahora, cuando apenas quedan seis meses para que Reino Unido abandone el bloque, el Comité Asesor de Migración recomienda al Gobierno de Theresa May que los trabajadores comunitarios no tengan preferencia alguna ante los no comunitarios para entrar al mercado laboral británico una vez tenga lugar el histórico divorcio.

El Comité fue creado en julio de 2017 de cara a diseñar la futura política migratoria y, tras entrevistar a 400 empresas, asociaciones empresariales y departamentos gubernamentales, ayer publicó un controvertido documento donde aboga por un sistema de estilo canadiense con «un enfoque migratorio abierto y acogedor, pero sin acuerdo de libre circulación o preferencial con ningún otro país».

«Si la inmigración no forma parte de las negociaciones con la UE y el Reino Unido decide su futuro sistema migratorio en solitario, recomendamos que toda la inmigración sea gestionada sin acceso preferencial de los ciudadanos de la UE», declaró el presidente del Comité, Alan Manning, que añadió que las recomendaciones están destinadas «a beneficiar a la población residente en el Reino Unido».

Las recomendaciones incluyen favorecer a los trabajadores más cualificados y abandonar esquemas de migración específicos para cada sector, excepto posiblemente uno para proporcionar mano de obra estacional en la agricultura.

Asimismo, las conclusiones del documento también afectan al mundo académico. El comité señala que no debería haber un tope para el número de estudiantes internacionales ya que «aportan claros beneficios a todo el Reino Unido». En cualquier caso, puntualiza que si el Ejecutivo está decidido a reducir la migración neta por debajo de los 100.000, los estudiantes no deberían estar excluidos, tal y como piden las universidades.

Según las últimas cifras oficiales, la migración neta referente a la UE (diferencia entre los que se van y llegan al Reino Unido en un año) se encuentra en su nivel más bajo desde 2012. El número de comunitarios que vienen a suelo británico «en busca de trabajo» ha disminuido en un tercio (33%) –de 55.000 a 37.000– en el último año. En general, la migración neta fue de 282.000. El Partido Conservador lleva años prometiendo reducirla a decenas de miles, pero el objetivo, según los expertos, se antoja complejo.

El Ejecutivo de May, que se encuentra estancado en las negociaciones del Brexit con Bruselas, dijo que «considerará cuidadosamente» las propuestas, aunque éstas no ayudarán a calmar precisamente los ánimos al otro lado del Canal de la Mancha.

Por su parte, el director de Política de la patronal Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés), Matthew Fell, subrayó que «la inmigración debe ser parte de las negociaciones comerciales» con otros países, «empezando por la UE».