El Gobierno ha enviado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos documentación complementaria para defender la devolución en caliente en 2014 de dos migrantes en Melilla por la que España fue condenada. Entre ella figura una información de prensa sobre la acogida en julio del Aquarius, que contrapone con otras sobre un salto “violento” a la valla en Ceuta. Interior acusa a los dos subsaharianos que denunciaron su expulsión exprés de participar en uno de este tipo. El recurso se verá el 26 de septiembre en la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

En el nuevo escrito, remitido el 7 de septiembre, el Gobierno aporta nuevos documentos para respaldar el recurso que presentó en agosto y en el que ya se alineaba con la postura que en su día mantuvo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para defender la expulsión el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Malí y Costa de Marfil, que aquel día saltaron la valla que separa Marruecos de España. En octubre de 2017, el tribunal consideró probado que la Guardia Civil arrestó a ambos migrantes y los condujo de manera inmediata de vuelta al país magrebí violando la Convención Europea de Derechos Humanos. Por ello, condenó en agosto de 2017 a España a indemnizar a ambos con 5.000 euros.

Entre esos nuevos documentos hay tres recortes de prensa, todos ellos de diarios británicos. Uno recoge la información que The Guardian publicó el pasado 17 de junio sobre la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de acoger a 629 personas del barco Aquarius de la ONG Médicos Sin Fronteras, muchos de ellos rescatados por la propia Guardia costera italiana, y que Italia se negaba a recibir en sus puertos. La información es esgrimida, según se recoge en el escrito, como muestra de “los esfuerzos realizados este verano por el Gobierno español para dar cobijo a migrantes a bordo de los buques de las ONG que los rescataron en peligro en el mar Mediterráneo —aunque el rescate había tenido lugar bastante lejos del español aguas territoriales— y que se encontraban en una situación dolorosa debido a que no se aceptaba la entrada en los puertos más cercanos”.

El salto a la valla de julio

Los otros dos recortes, uno también de The Guardian y el segundo, de The Telegraph, sirven a la Abogacía del Estado para presentar el contrapunto. En ambas informaciones se detalla el salto a la valla fronteriza de la ciudad de Ceuta protagonizado el 26 de julio por 602 migrantes. En el escrito, se recalca que con ello se quiere poner de manifiesto “el ataque masivo muy violento sin precedentes realizado en agosto [sic], dirigido por ilegales allanando la valla fronteriza de Ceuta, en la que varios guardias civiles resultaron gravemente heridos”. Así, el Gobierno recalca uno de los argumentos utilizados ya en su recurso de agosto, en el que incidían en que los dos migrantes que denunciaron su devolución en caliente formaron parte de “un ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo”.

Por último, el escrito incluye la última versión del borrador de la ONU para un “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular”, que distribuyó el pasado 11 de julio entre todos los Estados miembros. “Humildemente consideramos que estos documentos son pertinentes para que el análisis jurídico integral sea realizado por la Gran Sala”, concluye el escrito remitido al Tribunal de Estrasburgo.

De este modo, el Gobierno mantiene la postura de negar cualquier irregularidad en la expulsión de los dos inmigrantes. De hecho, en el escrito de agosto ya afirmaba que no hubo devolución en caliente “sino una prevención de entrada”, el argumento principal que esgrimió el PP y que rechazó Estrasburgo en primera instancia. El recurso llegaba a poner en duda el testimonio de los dos inmigrantes y que ambos hubieran participado en el asalto del 13 de agosto de 2014 que supuso su supuesta devolución en caliente. En este sentido, la Abogacía del Estado detallaba que ambos consiguieron cruzar la frontera meses más tarde —N. T. en octubre de ese año y N. D., en diciembre— y que, cuando entonces fueron interceptados, ninguno hizo alusión a su supuesta participación en el asalto de agosto. El recurso incorporaba como anexo grabaciones policiales en la frontera con Marruecos que, en opinión del Gobierno, desmentían la presencia de ambos aquel día en la frontera. En la actualidad, N. D. es situado por las autoridades españolas en Malí, donde fue expulsado tras permanecer en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona y ver cómo era rechazada su petición de asilo. Alegó que temía ser reclutado por las milicias yihadistas que operan en su país dada su condición de musulmán. También se rechazó la petición de asilo de N. T., pero cuando se confirmó la orden de expulsión la Policía no pudo localizarle. Se desconoce su paradero actual.

Fe de errores: En una anterior edición de este artículo se citaba por error que el barco ‘Aquarius’ de la ONG Médicos sin fronteras llevaba a bordo en aquella fecha a 141 personas rescatadas en el Mediterráneo.