Salt (Girona), 13 sep (EFE).- La Plataforma Espai Antiracista Salt-Girona ha expresado su apoyo al Imán de Salt (Girona), Mohamed Attaouil, ante la resolución de la Dirección General de la Policía que propone su expulsión porque supone una “amenaza real”, y exige “la retirada de la propuesta”.

El Espai Anti Racista, que se define como un “espacio de reflexión, acción y denuncia que pretende combatir el racismo tanto social como institucional a nivel teórico y práctico”, también ha convocado una manifestación en apoyo a Attaouil para mañana, a las 19.00 horas, en la plaza de la Llibertat de Salt.

La plataforma denuncia en un comunicado el carácter discriminatorio que supone un procedimiento como éste, que “se dirige exclusivamente contra ciertos vecinos por el hecho de no tener la nacionalidad española”.

“No es admisible que el origen o la situación administrativa sitúen a parte de nosotros bajo sospecha”, señala la plataforma, que añade: “el Estado no tiene ningún elemento para acusarle”.

Exigen al gobierno de España que “retire la propuesta de expulsión de Mohamed Attaouil y la derogación de las disposiciones de excepción con carácter discriminatorio que se aplican en función de la nacionalidad o el origen de las personas”.

El abogado de Attaouil, Iván Jiménez, se pregunta cómo es posible que ante estas supuestas sospechas no le llevaran inmediatamente a la Audiencia Nacional o que “si tan peligroso es o se hubiera temido realmente por su reiteración delictiva, como puede ser que no se iniciara una investigación y se le pusiera en prisión provisional”.

Attaouil es presidente de la Asociación al Hilal y del Centro Cultural Islámico Imam Malik de Salt y vicepresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.

El expediente abierto a Mohamed Attaouil el pasado mes de junio por la Dirección General de la Policía señala que “se puede afirmar sin ninguna duda que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para intereses fundamentales de la Sociedad, concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública”.

Argumenta la Policía que el fin legítimo que persigue la expulsión es “la defensa de la seguridad y el orden público, en concreto la prevención de atentados terroristas, dados los hechos que el expedientado habría cometido”.

En un periodo de seis meses, antes de acabar el año, el Secretario de Estado de Seguridad, el competente en esta materia, deberá resolver este procedimiento.