Existen motivos fundados en todos los casos para brindarles una acogida. Han sido perseguidos en sus países, huyen de la guerra y de conflictos endémicos, y han llegado a Euskadi demandando un asilo que se da de bruces con un compás de espera interminable. En este contexto, y en sintonía con la sensibilidad que vienen demostrando las instituciones, el Gobierno Vasco abrirá en los próximos días en Oñati un albergue de primera acogida para solicitantes de protección internacional que, de no contar con este recurso, caerían irremediablemente en la exclusión social.

Este nuevo centro, gestionado por CEAR Euskadi y la Secretaría General de Derechos Humanos, es el primero de estas características que se abre en el País Vasco. Tiene una capacidad de cien plazas aunque comenzará a funcionar con la mitad de usuarios. “Las cosas se quieren hacer bien desde el principio”, indican fuentes consultadas. La idea es brindar una atención integral e individualizada que se irá ampliando conforme se consolide el programa.

El Estado es el que reconoce la condición de refugiado a toda aquella persona que tenga un temor fundado a ser perseguida en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o cuestiones de género u orientación social. También a las personas apátridas. Todas ellas tienen cabida en este nuevo recurso que les facilitará alojamiento y orientación a la espera de que su situación se vea clarificada.

Y ahí reside precisamente el problema. La tramitación jurídica es cada día más lenta y, a modo de ejemplo, un solicitante de protección internacional tiene que aguardar hasta julio o agosto del año que viene para mantener una primera entrevista. Es la situación que se está registrando actualmente en Bizkaia. La fotografía varía por territorios, y en Gipuzkoa el compás de espera no es tan acusado, pero el colapso burocrático es generalizado. Entretanto, mientras esa persona que huye de la guerra no mantenga esa primera entrevista, no se abre su expediente, con lo cual se le cierran las puertas para formalizar su situación y entrar en el sistema de acogida estatal.

Por ley, ningún solicitante de protección internacional debería aguardar más de seis meses, pero en la práctica diaria se duplica ese tiempo de espera. “Vemos que se ha producido una descompensación entre el itinerario que seguían estas personas y su proceso jurídico. Ambos deberían ir en paralelo, pero durante los últimos años vemos que no es así, lo que les aboca a estas personas a caer en la exclusión”, explica Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi.

Así, con carácter excepcional y en situaciones de especial necesidad, el centro podrá acoger a migrantes en situación de vulnerabilidad, en tránsito o recién llegados a Euskadi. El albergue tiene una capacidad inicial de cien plazas, ampliables si fuera necesario. El tiempo de estancia en el centro será de tres meses, siempre variables en función de criterios técnicos.

La dirección de la gestión del centro se llevará de manera coordinada entre CEAR Euskadi y la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, en comunicación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. En el proyecto de gestión toman parte también el Ayuntamiento de Oñati y la Diputación de Gipuzkoa, así como las organizaciones y plataformas locales de solidaridad con las personas refugiadas y migrantes.

“FALLAS” DEL ESTADOEsta nueva iniciativa, que da respuesta a una situación de desamparo, nace para cubrir las “fallas” del Estado, puesto que queda patente que no se está llegando a dar una respuesta integral a unas personas que corren riesgo de ver alterado su itinerario. “Estamos hablando de un perfil muy variado, el de personas que huyen de conflictos y ven vulnerados sus derechos”, precisan las mismas fuentes.

Durante los primeros meses se atenderá a cincuenta personas en un proceso en el que todos, tanto los usuarios como el equipo de unas cinco o seis personas encargado, trabajadores sociales, conserjes…, se tendrán que ir haciendo poco a poco. “Es necesario empezar con calma, de manera que estas personas puedan ir conociendo el entorno, el idioma, las actividades de ocio que ofrece la zona, todo ello adaptado a las diferentes necesidades de cada persona. Tenemos que realizar un diagnóstico de cada caso, y empezar muy poco a poco”, detalla la directora de CEAR Euskadi.

Si bien hasta ahora se ha brindado acogida puntual a refugiados en albergues repartidos por el País Vasco, el de Oñati es el primero destinado a personas que han solicitado protección internacional y están a la espera de entrar en el sistema estatal de acogida.

En Euskadi, según los datos proporcionados ayer a este periódico, hay 250 personas atrapadas en ese eterno compás de espera. Eso no quiere decir que todas ellas estén destinadas a ocupar el nuevo recurso puesto que, a pesar de la tragedia de la que escapan, hay quienes han encontrado techo en casa de amigos, o cuentan con una red social que les brinda cierta protección.

Dentro de este colectivo, según indican las mismas fuentes, también figuran personas que en su día solicitaron asilo en Euskadi, posteriormente viajaron a países del norte de Europa y finalmente han sido devueltos porque la tramitación burocrática debe realizarse en el primer país de acogida.

El nuevo recurso nace en un contexto en el que Euskadi “no puede mirar hacia otro lado”, tal y como afirmaba hace unos días el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un acto dedicado a la diáspora vasca. De seguir el colapso de expedientes actual, el número de refugiados en espera no dejará de crecer.

La historia de Euskadi es la de “un pueblo migrante”, y ha llegado la hora de responder a las necesidades de las personas provenientes de otros países que “llaman a la puerta” en busca de un futuro mejor. En este contexto, Urkullu ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que pide “una reflexión en profundidad” de las instituciones democráticas de Europa, y “una estrategia compartida que incluya iniciativas a corto, medio y largo plazo” en política migratoria.

En ese sentido, el Gobierno Vasco aplaude la adhesión del Estado español a la declaración internacional suscrita en Londres para apoyar el patrocinio comunitario de refugiados, una iniciativa para que ciudadanos, entidades sociales y ayuntamientos se involucren a la hora de recibir a quienes huyen de sus países.

El presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Javier Galparsoro, cree que la implicación ciudadana en la acogida de migrantes es “loable”, pero entiende que “ha llegado el momento de que las instituciones y organizaciones que atesoran una larga experiencia en este ámbito tomen el relevo para ofrecer una atención integral”.