BILBAO. El lehendakari regresó ayer oficialmente de sus vacaciones y comenzó a preparar con su equipo el primer Consejo de Gobierno tras el parón veraniego, una reunión que tendrá lugar el martes de la semana que viene. El modelo de Estado y la crisis migratoria van a centrar buena parte de sus esfuerzos en el próximo ejercicio.

El gabinete de Iñigo Urkullu abrió antes del verano una vía de interlocución con el Gobierno español de Pedro Sánchez que ha colocado en la agenda de Madrid varias demandas vascas que llevan años varadas, y ahora existe la expectativa de que entren en vías de solución, como el traspaso de las competencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika. En los próximos días tendrá lugar la reunión de la Comisión Mixta para transferir dos líneas de ferrocarril (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo), la primera competencia que llega a la comunidad autónoma en siete años tras la sequía de Mariano Rajoy. Entrarán en estudio con carácter inmediato el traspaso del puerto de Pasaia (más complicado para Madrid porque detecta un interés general en la infraestructura por su volumen de operaciones) y las autopistas AP-1 y AP-68. Además, el lehendakari estará atento a las novedades sobre el debate del nuevo estatus de autogobierno. La negociación está depositada en el Parlamento Vasco, aunque el lehendakari no ha ocultado su apuesta por un modelo bilateral, de igual a igual, de respeto mutuo y convivencia.

En cuanto al reto migratorio, el lehendakari quiere construir con la Unión Europea una respuesta conjunta que implique a todos, y que garantice un trato humanitario a las personas en tránsito y a las que decidan quedarse en la comunidad autónoma. Este reto está adquiriendo una envergadura importante en los últimos meses tras la controversia del barco Aquarius, pero también con movimientos que afectan de manera directa a la comunidad autónoma como la llegada inesperada de medio centenar de subsaharianos totalmente desorientados a la estación de Donostia, en su trayecto desde Andalucía hasta Francia. Se debió a un error de coordinación.

El lehendakari hizo público ayer a través de Twitter su regreso al despacho. Anunció que su equipo ya trabaja en el Consejo de Gobierno del próximo martes en Miramar. “Hemos prestado especial atención a las cuestiones de actualidad más relevantes;la evolución de la situación económica y el empleo, cuestiones pendientes en la relación con el Gobierno español, atención a las personas inmigrantes y propuesta de una política europea común”, dijo. En la reunión preparatoria de ayer abordaron el seguimiento del programa de gobierno, las prioridades hasta diciembre, y las directrices presupuestarias para el reto demográfico y la juventud, la educación, la innovación y la internacionalización.

ECONOMÍA

El pleno de política general se celebrará en el Parlamento Vasco el 20 de septiembre, y servirá para tomar la temperatura a las intenciones del Gobierno vasco, pero también a la disposición de los partidos de la oposición. En ese sentido, la proximidad de las elecciones municipales, forales y europeas previstas para la primavera del próximo año amenaza con crispar el ambiente político. En este contexto, el Gobierno vasco de PNV y PSE tiene que negociar los Presupuestos y aprobarlos en diciembre y, para ello, necesita al menos la abstención de un tercer grupo. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra hasta la fecha para preservar su perfil de izquierdas.

El aliado del gabinete de Urkullu ha sido el PP, que ha aprovechado las negociaciones presupuestarias para impulsar modificaciones en los impuestos. Sin embargo, la relación del PP con el PNV y el PSE está ahora muy deteriorada tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido a nivel estatal introduce un nuevo factor de incertidumbre o incluso de pesimismo por su discurso antinacionalista. En cuanto a la relación entre los socios de gobierno, PNV y PSE, los jeltzales no contemplan que su pacto se rompa por las tensiones que han surgido en el debate del nuevo estatus. En paralelo a la negociación política, el consejero Azpiazu tendrá que lidiar con una ligera desaceleración en la economía vasca, que crecerá en torno al 2% el próximo año y en 2020, aunque la previsión es que se siga generando empleo.

En materia de memoria y convivencia, la comisión de expertos que estudiará los abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999 tiene el camino expedito después de que el Gobierno español retirase el recurso ante el Tribunal Constitucional. Aún planea sobre esta comisión el recurso que ha interpuesto el sindicato policial SUP en el Tribunal Superior del País Vasco. El Gobierno vasco está pendiente de este asunto, que tiene una prioridad muy alta en su agenda, y no en vano ha sido su primer gran acuerdo con Sánchez.

Igualmente en el terreno de la pacificación, se mantiene pendiente del posible acercamiento de presos. Se ha producido ya el traslado de dos reclusos (Olga Sanz y Xabier Merino) que han hecho autocrítica y que se encontraban ya en tercer grado, de manera que no puede hablarse de un acercamiento en sentido estricto.