El sindicato LAB denuncia que la empresa pública Euskotren, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, ha «desarrollado un procedimiento interno para transportar a las personas desplazadas detenidas por la Policía francesa desde Hendaya a Irun y, luego, dejarlas en la calle». Euskotren, por su parte, admite que la Policía Gala ha devuelto a migrantes en el Topo, y defiende que sus trabajadores están obligados a colaborar con los cuerpos policiales europeos.

En un comunicado remitido ayer, el sindicato critica que Euskotren haya emitido el pasado 2 de agosto una circular a sus trabajadores en la que señala que «cuando la Gendarmería francesa devuelve a las personas que encuentra en situación irregular» (…) «nuestros trabajadores le facilitarán a la persona un billete, diciendo que puede parar en la siguiente parada (Ficoba)». El sindicato considera «inaceptable» que se «obligue a los trabajadores de Euskotren a ir en contra de las personas desplazadas».

Desde Euskotren, admiten que se ha enviado una circular explicativa a los trabajadores, para indicarles cómo deben de actuar coniforme a la legislación «porque como compañía estamos obligados a colaborar» con la Policía Gala por el tratado europeo de Schengen. La compañía admite que la Policía gala ha identificado y devuelto en el Topo a migrantes en tránsito. De hecho, según explican, la circular se envió después de que ocurriera el primer caso con la Policía gala y los trabajadores del Topo no supieran cómo actuar. «Ante esto, emitimos una circular aséptica explicando que como empresa estamos obligados a colaborar con la Policía», añaden desde Euskotren, que explican que «estamos ante un fenómeno nuevo». Fuentes de la compañía insisten en que «no hay voluntad de colaborar» en devoluciones en caliente y que se limitan a cumplir la Ley.

En una circular interna, Euskotren insta a su plantilla a facilitar un billete de Hendaia a Irun

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la decisión de mantener el recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que condenó a España por dos devoluciones sumarias en Melilla.