EL pasado martes, España y Alemania se apuntaron un pequeño tanto al conseguir un acuerdo entre seis países de la Unión Europea para acoger entre todos a las 141 personas rescatadas por el Aquarius, que finalmente pudo atracar en la capital de Malta. El acuerdo no tenía precedentes, y tampoco sabemos si tendrá continuidad, pero ha puesto sobre la mesa la evidencia de que, si políticamente se quiere llegar a pactos para gestionar la acogida de migrantes, es posible hacerlo. En este contexto no deja de ser irónico que Italia, cuyo Gobierno ha cerrado sus puertos a los barcos de oenegés que rescatan náufragos en el Mediterráneo, haya decidido acoger a 20 inmigrantes del Aquarius.

Pero la solución hallada para estos rescatados puede ser una gota en el desierto. Las importantes discrepancias internas que afronta Europa con respecto a la política migratoria se mantienen, aunque podría decirse que la UE sufre más una crisis de acogida que una crisis de inmigrantes, como demuestran las estadísticas oficiales. Insistimos, ¿el acuerdo logrado para el Aquarius quiere decir que todos los estados de la UE han entendido que este es un problema que afecta a los Veintiocho? Nos tememos que la respuesta sigue siendo no, pero la solución alcanzada muestra que sí es posible llegar a consensos sobre el reparto de cuotas de distribución de inmigrantes.

En este contexto es lógico que España sea, con Francia y Alemania, el país que lidera esta nueva política, porque el problema le afecta cada vez más. Los flujos migratorios se están desplazando de Libia a Túnez y Marruecos, y de allí, cruzando el estrecho de Gibraltar, al sur de España. Del 1 de enero al 15 de julio de este año, 18.016 inmigrantes usaron esa vía para llegar a suelo europeo, con lo que España ya supera a Italia. Aunque el Gobierno italiano agite el fantasma migratorio con medias verdades y falsedades, la llegada de inmigrantes al país transalpino se ha reducido notablemente este año, durante el cual el 35% de los migrantes que han cruzado el Mediterráneo lo han hecho por el estrecho de Gibraltar. En este marco, Andalucía se declara desbordada y exige solidaridad autonómica. Sus centros están abarrotados y no es admisible acumular personas sin garantizarles un trato digno.

Y dentro de la problemática migratoria, el tema de los menores extranjeros requiere un tratamiento especial. Hace unos días la Generalitat anunció que sus equipamientos destinados a menores inmigrantes ya están ­sobreocupados y pidió más corresponsabilidad al Estado en este campo. La queja del Gobierno catalán es la misma que la del andaluz: es el conjunto del Estado el que ha de ser solidario. Lo que a escala europea se exige a todos los estados, a escala española debe ser exigido a todas las ­comunidades. El Gobierno central dice querer coordinar el reparto de los más de 8.000 menores no acompañados entre todas las autonomías, pero, hoy en día, Andalucía, Catalunya, Melilla y el País Vasco asumen toda la carga. Es decir, buenas intenciones, pero ninguna concreción práctica.

En Catalunya se ha contabilizado en lo que va de año la llegada de 1.462 niños y menores no acompañados, sólo 27 menos que en todo el año 2017. Faltan profesionales, faltan instalaciones, faltan familias de acogida, faltan empresas que ofrezcan empleo a estos jóvenes cuando dejan de estar tutelados, y la consecuencia de todo ello es que el 70% de esos menores acaban fuera de la protección pública, sea por falta de recursos o por decisión del propio menor. La conclusión evidente es que el actual sistema de acogida a menores no es sostenible.