La extraordinaria amabilidad que muestran centenares de migrantes en tránsito en el País Vasco no pasa desapercibida para nadie. Si estos días atrás eran las organizaciones sociales las que destacaban la exquisita educación de la que hacen gala estas personas con inimaginables dramas a sus espaldas, ayer fue Cruz Roja la que subrayaba su “enorme gratitud ante el más mínimo detalle”. La de esta organización es la voz más acreditada, en la medida que gestiona los recursos habilitados en el País Vasco, con un total de 218 plazas.

Desde que la emergencia humanitaria comenzó a llamar a las puertas de las principales capitales vascas, el dispositivo que gestiona Cruz Roja ha desplegado un total de 2.400 actuaciones con migrantes, según la información facilitada ayer a este periódico. Son atenciones que responden a un sinfín de casuísticas, desde cuestiones relacionadas con el alojamiento, otras de índole jurídica o, simplemente, información sobre cómo pueden recoger remesas de dinero que les envían desde sus países.

Puede parecer paradójico que quien huye de su país, en muchos casos por motivos económicos, esté a la espera de recibir dinero del lugar que precisamente ha dejado atrás. Pero no es tan extraño. Hace falta dinero para llamar por teléfono, para tomar un autobús o un medio de transporte que les acerque a la frontera, el objetivo prioritario. Desde Cruz Roja, que atesora una dilatada experiencia en dar respuesta a este tipo de problemas, les asesoran sobre cómo manejarse en ese mundo tan ajeno de trámites que desconocen por completo personas que no portan ningún carné.

Los únicos papeles de los que disponen los casi 2.000 migrantes en tránsito por Euskadi son los expedidos por la policía una vez que llegan a las costas andaluzas. Su documentación, según explican desde Cruz Roja, se limita a un informe con la orden de salida obligatoria del país, en el que figura el nombre, apellidos, la nacionalidad y la fecha de nacimiento de estos jóvenes, en su mayoría provenientes del noroeste de África.

Una vez registrada la ficha policial, estas personas de origen subsahariano tienen autorización legal para permanecer en el país un máximo de 45 días. A partir de ese plazo, en teoría, deberían marcharse, pero es un margen que nadie agota, dentro de esa carrera contrarreloj que supone atravesar el paso fronterizo de Irun a costa de lo que sea. El dispositivo de atención se coordina desde la mesa interinstitucional, que reúne cada semana al Gobierno Vasco, las tres diputaciones, los ayuntamientos de Irun y Donostia y otras entidades sociales. El protocolo responde a ese nuevo paradigma que viene de la mano de migrantes que ha obligado a las instituciones a habilitar recursos “en un tiempo récord”.

ESTACIÓN DE AUTOBUSESEl despertar a una realidad que llamaba a gritos desde el sur tiempo atrás lo marcó el 18 de junio, fecha en la que medio centenar de migrantes permanecieron desatendidos durante horas en la estación de autobuses de Donostia. “No fue fruto de una descoordinación. Estuvimos en contacto con los compañeros de Almería. Sabíamos que estas personas contaban con redes de apoyo y que, en teoría, se iban a presentar ese día en Donostia. El problema es que no acudieron”. Nahia Díaz de Corcuera, responsable de asilo e inmigrantes de Cruz Roja en el País Vasco, rememoraba ayer lo que fue el punto de inflexión a partir del cual las instituciones vascas comenzaron a sentarse a la mesa para dar respuesta al incremento de flujos migratorios.

La mesa interinstitucional fija los criterios, y Cruz Roja gestiona los recursos: 88 plazas en Bilbao, 60 en Irun, 40 en Gasteiz y 30 en Donostia, según la información facilitada ayer por la organización humanitaria. El sistema de trabajo que se ha implantado no contempla cada municipio como un compartimento estanco sino que esas 218 plazas están disponibles en función de las necesidades, por lo que estas personas son derivadas a una u otra localidad, según se estime oportuno.

Cruz Roja desmiente que solo se esté atendiendo a migrantes que entran en contacto con esta organización en el sur, como han criticado estos días distintas organizaciones sociales. “No hay ninguna persona que se haya tenido que quedar en la calle. Es una situación que se va resolviendo con normalidad”, asegura la responsable de Cruz Roja, cuya mirada no comulga con la de la red de acogida ciudadana, que lleva dos semanas denunciando que decenas de personas han tenido que dormir al raso en Irun y Donostia. “Nos gustaría saber de qué personas nos hablan, y el motivo por el cual se han quedado afuera”, expresaba ayer Díaz de Corcuera.

Cruz Roja no tiene ningún ánimo de alimentar la polémica, y apuesta por “trabajar de la mano” para ofrecer la mejor respuesta a una situación de “emergencia humanitaria”. La llamada red de acogida ciudadana tampoco quiere atrincherarse en una postura férrea contrasistema, y ha trasladado a la mesa interinstitucional una serie de aspectos a mejorar sobre los cuales están esperando respuesta.

Por lo pronto, el sistema de trabajo implantado “está orientado a atender a personas en tránsito”, la mayor parte de cuales proceden de países como Guinea Conakry, Camerún, Costa de Marfil o Senegal.

Solo un 3% de las personas entrevistadas por Cruz Roja expresan su deseo de continuar su proceso de integración en territorio nacional. El Gobierno Vasco ya está trabajando para habilitar los recursos a medio plazo, pero por lo pronto se impone la respuesta inmediata para subsaharianos que “solo quieren descansar, alimentarse, cargar sus móviles y una conexión” para continuar el viaje.

El acuerdo establecido en el marco de la mesa interinstitucional fija que “son tres noches de alojamiento” las que se ofrece a estas personas en tránsito, “ampliables a cinco si se percibe algún elemento de vulnerabilidad, como puede ser un tratamiento médico o mujeres con niños”.

Solo en el caso de que haya plazas disponibles, “y siempre siguiendo criterios técnicos”, se podría ofrecer alojamiento de hasta cinco noches a personas que no responden a ese perfil, según precisa la organización.