Marcos Muro, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, es uno de los pesos pesados del departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal, al que ha llegado procedente de la sociedad pública de promoción de vivienda Visesa. Repasa cómo afectará a Euskadi la reforma que prepara el Gobierno español en el sistema de ayudas para parados de larga duración.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un primer cambio en el Programa de Activación para el Empleo (PAE) que permite a 40.000 parados recuperar la ayuda de 430 euros. ¿Cuántos son vascos?

-La cifra no es elevada. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que es quien tiene la información y nos la da de forma muy reducida, en abril había en el Estado 400.000 personas beneficiarias del PAE, 1.000 de ellas en Euskadi. Así que la cifra a los que podía afectar el cambio es pequeña. Sumando los otros dos programas asistenciales como son el RAI (Renta Activa de Inserción) y el Prepara, la cifra sí es más elevada. Estamos en negociación para conseguir que nos pasen mes a mes los datos de beneficiarios ya que hasta la fecha han sido reacios.

¿Cómo queda la gestión de estos programas tras las últimas sentencias que reconocen que la competencia corresponde a la CAV?

-Ya hemos manifestado al Gobierno de Sánchez, como lo hicimos con el anterior, que la gestión de los programas de prestación por desempleo a nivel asistencial corresponde a las comunidades autónomas. Así lo dicen las recientes sentencias del Constitucional, que declararon inconstitucional la atribución al Estado, a través del Sepe, la gestión y pago de la ayuda complementaria del Prepara y del PAE. Es fundamental que se respete el acuerdo adoptado en la conferencia sectorial de septiembre del año pasado en la que se acordó la atribución excepcional hasta el 30 de abril en favor del Sepe de las funciones de reconocimiento, concesión y pago de estas ayudas. Sobre todo, se tiene que cumplir lo acordado en el convenio entre Euskadi y el Sepe por el que se atribuye a este la concesión y el pago de las mismas de forma excepcional y limitada en el tiempo. Este convenio, el único que se firmó de todas las comunidades, dice lo que dice. El Gobierno de España tiene que cumplir con lo acordado.

¿Qué parte de estos programas desarrolla ahora mismo Lanbide?

-Lanbide se encarga de realizar el plan de empleabilidad con las personas que reciben la ayuda. El programa lleva aparejado un plan de activación laboral, que es requisito obligatorio para cobrar la ayuda, y eso lo tienen que hacer los servicios públicos de las comunidades autónomas.

¿Genera algún coste extra a la administración vasca la gestión de esas ayudas?

-No. Como digo de una parte del programa ya nos encargamos. De lo que no nos encargamos ahora es de pagar la ayuda y eso supone una pérdida de eficiencia enorme ya que se destinan recursos humanos desde las dos administraciones a la gestión de unos programas que por nivel competencial nos corresponden. El PAE, junto con el Prepara y la RAI, son políticas activas y tienen que ser gestionados en su integridad desde Euskadi. No es lógico ni eficiente que haya una entidad que esté dando la ayuda económica y otra prestando el apoyo en la búsqueda de empleo.

El Gobierno español presentará en septiembre una nueva ayuda que en principio unificará estos subsidios que ya existen. ¿Cómo le suena la idea?

-Hasta no ver el borrador del nuevo programa no sabremos cuál será la cuantía, pero intuimos que rondará los 400 ó 450 euros. Respecto al tiempo de duración, la idea es que la persona que cumpla los requisitos siga cobrando hasta que salga de esa situación. Esperamos que el nuevo programa recoja las sugerencias que desde las comunidades y los agentes sociales le habíamos realizado al anterior Gobierno. Creemos que el subsidio por desempleo pasará también a integrarse en ese nuevo programa y que se podrá cobrar a partir de los 52 años y no a partir de los 55. Para tener autonomía tenemos que firmar un convenio en base a lo acordado en febrero y, a partir de ahí, la gestión será de Lanbide.

¿Afectará esta reorganización de las ayudas estatales a la RGI?

-Nosotros reclamamos la puesta en marcha de un único programa que sea gestionado desde Euskadi y que sea compatible y complementario con la RGI. También que las rentas de inserción como la RGI sean el último recurso, como una red de seguridad subsidiaria. Es decir, una persona que esté en situación de desempleo podrá cobrar primero la prestación por desempleo, luego el subsidio o el nuevo programa y, finalmente, complementar ese subsidio con la RGI.

¿Se podría aligerar así la factura del Gobierno vasco en la RGI?

-Si se cumple lo acordado y lo declarado por el Constitucional y el nuevo programa es compatible con la RGI, estamos hablando de un ahorro de dinero importante para Euskadi. Sobre todo seremos más eficientes y facilitaremos a los usuarios esas tramitaciones y gestiones.

Euskadi gasta unos 500 millones al año en las principales ayudas sociales, la mayor parte en la RGI. ¿Se puede estimar una cifra de ahorro?

-Dar una cifra es arriesgado ya que influyen varios factores. En la medida en que el nuevo programa sea compatible con la RGI, esta actuará como último recurso y no como ocurre ahora que en muchos casos es la primera opción.

Los parados de Euskadi que no cobran ninguna prestación estatal se han duplicado desde 2010, hasta más del 60%. ¿Resolverá esta cuestión la nueva ayuda?

-Habrá que analizar el porqué de esa situación. La nueva ayuda, según el borrador que tenemos del anterior Gobierno, pretendía abarcar un mayor número de supuestos que no estaban contemplados en los programas actuales. Analizaremos el nuevo documento cuando nos lo presente el actual Gobierno. Como he dicho, que la gestión se haga desde Euskadi es clave. Desde esa gestión propia daremos una mejor respuesta a las personas que están en el desempleo.

El Gobierno del PSOE también ha anunciado una mejoría de los planes de empleo para parados de larga duración y mayores de 45 años. ¿Está mejorando la situación del colectivo a medida que baja el paro?

-Sí. En la última reunión la ministra Valerio habló de realizar planes específicos para mayores de 45 años. En Euskadi tenemos nuestro Plan Estratégico de Empleo dirigido a ese colectivo, que estamos ya mejorando con una atención más personalizada. Estamos acercando Lanbide a las empresas teniendo en cuenta el ámbito territorial donde se encuentran. La reforma de Lanbide va por ese camino.

¿Cuáles son las claves para abordar el problema del paro juvenil? Las empresas siguen teniendo dificultades para encontrar personal cualificado, sobre todo en la industria.

-A medio plazo una de las claves será la de orientar bien desde edades tempranas a los estudiantes en la elección de su formación profesional o universitaria sobre los perfiles que están demandando las empresas y los nuevos empleos del futuro. Herramientas como Futurelan nos van a ayudar. Además, hemos de identificar bien los perfiles que demandan las empresas y ver qué respuesta les podemos dar con las personas registradas en Lanbide. Los perfiles más demandados son los de una cualificación de grado medio-alto, pero las personas inscritas en Lanbide presentan una cualificación baja. Trabajamos planes personalizados para que ninguna de las ofertas que nos presentan las empresas quede sin cubrirse. Como dice la sailburu Artolazabal, hemos de insistir en la formación, tanto para las personas paradas como para toda la población laboral. Vivimos un tiempo de constante evolución tecnológica. Por ello, vamos a elaborar un plan de acción que posibilite alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda de los perfiles requeridos por las empresas, impulsando programas de formación juvenil, en especial los de reciclaje y segunda oportunidad, así como la formación con compromisos de contratación.

¿Están dando resultado los programas para volver a traer a Euskadi a jóvenes con talento que tuvieron que marcharse durante la crisis?

-Hemos puesto en marcha el plan esta legislatura y es pronto para conocer ese balance. No es de un día para otro. El programa no lleva un año de funcionamiento y habrá que esperar hasta finales de año para ver los resultados y para poner en marcha nuevas actuaciones que permitan aumentar su impacto.