El escenario político

Andalucía abre el debate del reparto de inmigrantes

El PSOE andaluz espera que el resto de las comunidades “no se pongan de perfil”

La Vanguardia, Pedro Vallín, 10-08-2018

El incremento de la presión migratoria se está convirtiendo en un problema creciente, de discurso, de gestión y de recursos, para el Gobierno de Pedro Sánchez. Oposición, oenegés e incluso instituciones hermanas como la Junta de Andalucía censuraban ayer el rumbo de los acontecimientos y las respuestas gubernamentales, que consideran incoherentes.

La gestión de la actual crisis sigue capitalizando los ataques de la oposición del PP al Gobierno, a lo que se ha sumado un brote de malestar en la Junta de Andalucía, que se considera “abandonada a su suerte” por las otras comunidades. El Ejecutivo de Susana Díaz lamenta que no se faciliten más medios económicos para hacer frente al problema y sobre todo critica al resto de los territorios por falta de solidaridad con Andalucía, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de los menores no acompañados.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, explica: “Somos conscientes de que el anterior gobierno del PP actuaba sin previsión e improvisaba en estos asuntos. Ahora, tenemos un Gobierno más comprometido y debe entender que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad entre las comunidades por ­falta de consenso entre ellas”. Jiménez ha trasladado a la vicepresidenta, Carmen Calvo, que en la conferencia sectorial de Migraciones del próximo 5 de septiembre Andalucía defenderá “la responsabilidad compartida” de los territorios y que se establezca un “plan de país” para atender a los menores no acompañados. Hasta el 31 de julio, han llegado a las costas andaluzas más de 3.700 menores.

Entre tanto, los 87 inmigrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia que viajaban en el buque Open Arms, entre ellos doce menores de edad, seis sin acompañamiento familiar, desembarcaron ayer en el muelle de Crinavis de San Roque (Cádiz) y fueron trasladados al centro de acogida temporal de extranjeros ( CATE) recién abierto.

La situación se complica por momentos en el Estrecho. Decenas de vecinos de Algeciras acudieron el miércoles a un mitin del partido ultraderechista Vox en el centro de la localidad, donde se lanzaron mensajes xenófobos. José Antonio Landaluce, senador del PP y alcalde, acepta las llegadas, pero se niega a que su ciudad sea el único puerto de acogida. “No quiero que se produzca un desequilibrio social”, señaló. De momento, el Gobierno estudia crear un nuevo CATE en la costa oriental andaluza, seguramente en Málaga, aunque no se descartan alternativas, donde se acogería a los rescatados en el mar de Alborán.

La deriva del debate de inmigración no entraba en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, que mañana recibe en Doñana a la canciller Angela Merkel a la vez que entra en vigor el acuerdo por el que España se compromete a aceptar la devolución de inmigrantes detenidos en la frontera alemana y de cuyas solicitudes de asilo se debe encargar España. El Ejecutivo calcula que serán unos cien al año.

Los populares, por su parte, acusan a la Junta de Andalucía de haberse vuelto “con las manos vacías” de Madrid, sin fondos adicionales y sin garantías para hacer frente a una presión migratoria “brutal”. El portavoz popular en el Parlamento andaluz, Juan Bueno, señala que “la política de apariencia y de titular de Pedro Sánchez no es lo más provechoso”. En cambio, el presidente del PP, Pablo Casado, daba ayer un giro a su discurso y se felicitaba ­porque, dice, el Gobierno le “ha dado la razón: no era posible la política de papeles para todos”, y con el refuerzo de los recursos en Ceuta y Melilla.

Sin embargo, en las palabras de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, cuesta hallar el motivo del regocijo del líder del PP. Batet dijo ayer que a los inmigrantes llegados a Algeciras se les aplicará “la legislación vigente”, lo mismo que “también se aplicó la ley” con los más de seiscientos rescatados por el Aquarius hace dos meses. Aunque sean dos leyes diferentes.

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