La Junta de Andalucía ha endurecido el tono con el Gobierno a costa de la inmigración. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar el buque de rescate Open Arms con 87 migrantes a bordo al puerto de San Roque (Cádiz) ha provocado críticas del gabinete de Susana Díaz. El barco atracaba en la mañana de este jueves con 12 menores, seis de ellos solos, que se suman al ya desbordado sistema de acogida infantil de Andalucía. La Junta exige más recursos y pide que el Gobierno presione a las comunidades autónomas para que no se “pongan de perfil” y acaten un reparto más igualitario de las tutelas.

“[El Gobierno] debe entender que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos al puerto  con menores a bordo y que al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos presupuestarios ni posibilidades de repartir la responsabilidad de los menores entre las Comunidades Autónomas”, ha advertido este jueves el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. “La última Conferencia Sectorial de Migraciones no dio una respuesta satisfactoria a esta situación y nuestro esfuerzo presupuestario no se vio comprometido”, ha añadido el vicepresidente.

Barrios rescataba así, tres días después, la decepción que supuso la Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada el lunes, para muchos de sus participantes. La prioridad del encuentro para algunas comunidades como Andalucía, que asume la tutela del 36% de los 7.145 menores extranjeros no acompañados, era la aportación de recursos y la distribución territorial entre comunidades de los niños con este perfil. Tras cuatro horas de reunión no se pactó ni una sola medida concreta, tampoco partidas presupuestarias, y quedó aplazado sine die un reparto más igualitario de los menores, vista la oposición de algunas comunidades a aceptar una política de cupos.

Apenas Asturias y Extremadura, según algunos de los presentes, se ofrecieron explícitamente a asumir tutelas de otras autonomías. Los cinco gobiernos de las comunidades del PP (La Rioja, Galicia, Murcia, Castilla y León y Madrid) se escudaron en el carácter consultivo de ese encuentro y en que no era el momento de hablar de cuotas. Juntas suman solo un 6% del total de los menores, gracias, principalmente, al peso asumido por Madrid.

Las críticas del vicepresidente Barrios, que incluyen a las comunidades autónomas, contrastan con las palabras de las dos consejeras andaluzas que asistieron a la reunión, María José Sánchez Rubio, titular de Igualdad y Políticas Sociales, y Rosa Aguilar, de Justicia, quienes evitaron entonces reproches al Gobierno.  “No se ha cambiado de criterio. Pero se trata de una llamada de atención. Tenemos una situación crítica en Andalucía y es urgente tomar medidas. No puede aplazarse más”, mantienen fuentes de la Junta. El vicepresidente andaluz telefoneó este jueves a su homóloga del Gobierno central, Carmen Calvo, para informarle de que Andalucía defenderá la responsabilidad compartida y más recursos en la próxima reunión monográfica sobre menores no acompañados, que se celebrará el 5 de septiembre.  “Me consta que el Gobierno central está trabajando para qué en la próxima reunión se lleven propuestas para que las comunidades puedan colaborar más solidariamente”, ha reconocido Barrios, que ha garantizado que se van a seguir atendiendo a los menores “como se merecen”.  “En condiciones de dignidad y respeto. Son personas muy vulnerables que atraviesan un drama muy duro en sus vidas”, ha añadido el viceconsejero.

La de Barrios, número dos de la presidenta Susana Díaz, no ha sido la única llamada de atención al Gobierno desde la Junta de Andalucía. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, cambió su postura y divulgó el miércoles un audio en el que mostraba su “insatisfacción” tras la Conferencia del lunes. “Estábamos convencidos de que finalmente se adoptaría una actitud de solidaridad territorial en la atención a estos menores. Finalmente no ha sido así y yo creo es importante que por parte del Gobierno de España se retome este tema y que el 5 de septiembre se adopten medidas directas”, dijo la consejera. “Esperábamos que desde el Gobierno hubiese una solidaridad y coordinación respecto a estos niños […] Es absolutamente necesario porque el sistema de protección de Andalucía no puede abarcar toda esta intensidad en el número de niños que llegan en solitario”.

Andalucía lleva años asumiendo el mismo problema que se ha agravado en los últimos meses con la llegada, desde el 1 de enero hasta al 31 de julio, de más de 3.700 menores no acompañados. Fue precisamente la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien instó a Pedro Sánchez a convocar “cuanto antes” la Conferencia Sectorial de Inmigración para repartir responsabilidades en la tutela de estos menores, una colaboración que debería ir “más allá de la solidaridad”. El Gobierno respondió con rapidez aunque con pocos resultados. Tanta celeridad que se saltó el reglamento de las conferencias sectoriales por el que se debe convocar a las comunidades con 10 días hábiles y tuvo que pedir disculpas por ello. Precisamente, lo primero que mencionó el consejero de Políticas Sociales de La Rioja, Conrado Escobar, fue su sorpresa por la “precipitación” de la convocatoria “genérica” que le llegó el 27 de julio. “Fue algo excepcional”, justificaron desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que no quería postergar el encuentro.