El crecimiento galopante de las llegadas de inmigrantes por mar, que se sitúa en una media de 400 rescatados por día, y el consencuente desbordamiento de los servicios de primera asistencia en las costas andaluzas incluido el colapso del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque (Cádiz) recién estrenado hace seis días, han obligado al gobierno de Pedro Sánchez a hacer un nuevo movimiento destinado a intentar ahora desincentivar este tráfico descontrolado.

Se trata de la eliminación de los privilegios de acogida que se han brindado a barcos humanitarios empezando por el Aquarius, cuyos 630 pasajeros recibieron permisos especiales de residencia de hasta 45 días y tratamientos administrativos exprés, que pudieron contribuir a estimular un efecto llamada que llegado este punto se querría revertir.

Contener los flujos
La confirmación de que ese protocolo de recibimiento ventajoso será suprimido y ya no se aplicará a los 80 ocupantes que el buque Open Arms recogió en aguas libias y mañana desembarcarán en Algeciras, se conoce después de que el presidente del Gobierno anunciara la semana pasada la creación de un mando único operativo consagrado en exclusiva al control de nuestras fronteras, una tarea para la que Sánchez había solicitado ya ayudas de emergencia a la UE. Y para Marruecos, que admite estar superado por la situación.

En la misma línea de intentar contener los flujos que se han multiplicado se cuenta también la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de poner en marcha una suerte de «erasmus euro-africano» que automatice la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen, aunque a cambio de recibir otro por vías legales, que se formaría académicamente en la UE un tiempo, tras el cual también debería regresar a su lugar de procedencia.

Y es que transcurrida esta primera semana de agosto, es una evidencia de que los 30 millones con los que el gobierno acaba de dotar a las ONGs que se ocupan de la asistencia a pie de puerto de los inmigrantes, no han dado de sí para mejorar el panorama en los puntos de acogida. La noche del martes al miércoles, un centenar de inmigrantes que incialmente viajaban en pateras volvió a tener que dormir en el puerto de Motril sobre la cubierta del mismo barco de Salvamento Marítimo que les había rescatado de aguas del Mediterráneo, y cuando fueron desembarcados a media mañana de ayer, lo hicieron para ser trasladados a un polideportivo.

El CATE, que en un tiempo récord anunció y creó el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, está saturado y no da abasto en sus 600 plazas para cumplir con el objetivo para el que fue concebido. Esto es, el triaje sanitario de Cruz Roja y los trámites ante la policía para su identificación y reseña.

Largas esperas
Precisamente todo ese procedimiento que está obligando a largas esperas, es el que se ha evitado a quienes han llegado a España en los buques de las ONGs que operan en las costas libías.

En concreto, tras ser rechazado por Italia, el Aquarius atracó el pasado 17 de junio en Valencia con 630 inmigrantes a bordo, a los que antes de pisar tierra el presidente del Gobierno había comprometido 45 días de permiso de residencia «por razones humanitarias» y además facilitó unos procesos exprés de atención sanitaria y social y de reseña policial. Interior movilizó 350 agentes y un centenar de guardias civiles.

El dispositivo se repitió el 4 de julio adaptado a las dimensiones del Open Arms y las 60 personas que dejó en Barcelona, que también gozaron de 30 días de permiso especial. El mismo barco volvió a Mallorca el 21 de ese mes para depositar una sola inmigrante y dos cadáveres. Cuando mañana toque tierra en Algeciras, quienes van en este buque de bandera española tendrán el mismo trato que quienes son interceptados a bordo de pateras.

A saber, pase a disposición policial, de 72 horas como máximo, el preceptivo reconocimiento sanitario y posibilidad de petición de asilo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tiene personal para asesorar al respecto desplegado en el ya mencionado CATE, aunque para llegar a ellos, los ocupantes del Open Arms no tendrán un pase preferente, sino que tendrán que esperar turno.

Según fuentes del departamento de Grande-Marlaska, la lógica que impone esta medida es que la llegada de los barcos humanitarios a España ya no es algo fuera de lo normal, sino que se está produciendo de forma «regular» y por lo tanto no requiere protocolos específicos. «El Aquarius fue una excepción, subrayan un caso humanitario de personas que llevaban muchos días abandonadas y también se entendió así cuando el Open Armas atracó en Barcelona.

Pero ahora que se ha visto que estas llegadas pueden no ser tan excepcionales, se van a recuperar los protocolos de toda la vida, de modo que las personas que lleguen en barcos humanitarios tengan el mismo tratamiento que los que llegan en las pateras. No se pueden hacer distinciones entre quienes vienen en esos barcos y los que rescata Salvamento Marítimo».

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado reaccionó ayer acusando al Ejecutivo de Sánchez de «discriminar» y «vetar» a esas 87 personas que ya no tendrán un recibimiento prioritario, al tiempo que criticaron este «cambio de rumbo» del gobierno. «Agradecemos que España siga siendo puerto seguro y que sea un muro eficaz ante el populismo de Salvini y Le Pen, pero reclamamos que no provoque una evidente discriminación entre casos que son idénticos», reprochó la ONG, que quiere recurrir al Congreso para instar a la elaboración de un protocolo único de actuación para estos casos.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que no se critica, más bien al contraro, el trabajo que están haciendo las ONG, pero se considera que ha llegado el momento de ser «realistas, porque no puede ser que cada pocos días tengamos un Aquarius en un puerto español». «La ley internacional obliga a rescatar a las personas que están abandonadas en el mar y a darles un trato humanitario, no a que se les tengan que conceder unos visados especiales. Antes nos criticaban porque habíamos dado un trato distinto a los que llegan en barcos que a los de las pateras, y ahora se vuelve a hacer por las ONG porque vamos a dar el mismo trato a todos», añaden las mismas fuentes.

«Una vez más, hay que insistir en que la solución tiene que venir de Europa en su conjunto, porque todos los europeos estamos afectados y porque un país solo no puede hacer frente a una situación tan dramática como ésta», concluyen desde Interior.