El problema de la ocupación de viviendas en el municipio, donde los vecinos del casco histórico de Cartagena denuncian el deterioro de la convivencia y los de La Palma y Los Nietos alertan sobre la inseguridad que generan los ‘narcopisos’, llega a Isla Plana. La tensión vecinal en la urbanización Mojón Hills, situada en el litoral oeste, entre La Azohía y Mazarrón, se ha disparado en los últimos días por la actitud de seis familias que okupan seis casas. Los residentes les atribuyen todo tipo de actos incívicos e incluso delictivos y «violentos».

Intimidaciones, amenazas de muerte, robo de enseres y destrozos en bienes particulares (por ejemplo pinchazos de ruedas) forman parte del amplio listado de quejas que han llevado a los propietarios de dúplex en la zona a decir basta.

La normalidad se ha alterado hasta tal punto que el martes por la tarde agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil tuvieron que personarse en la zona, para tratar de poner calma. Los agentes se trasladaron para apaciguar los ánimos, caldeados por incidentes como el cierre forzoso de la piscina comunitaria, ante el riesgo sanitario que implica el haber defecado en ella un usuario que los titulares de casas sitúan entre el grupo de okupas, de etnia gitana.

Además, en medio de una creciente indignación por ver rota la tranquilidad de este residencial, los vecinos de la zona se agruparon para exigir a éstos la devolución inmediata de enseres que han echado en falta en sus domilicios, y cuya sustracción también les atribuyen.

«Estamos hartos. Forzaron la puerta y se metieron en las casas hace ya cuatro meses, y desde entonces las cosas han ido cada vez a peor. Pero no estamos dispuestos a que encima nos roben», comentó una vecina, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Tanto los agentes municipales como los de la Benemérita han pedido a los residentes que mantengan la calma y que les avisen ante cualquier incidencia que surja, dado que el desalojo de las familias que han usurpado las casas debe ser ordenado por un juez. Para que esa resolución llegue cuanto antes, y se corte de raíz el problema, los afectados reclaman el apoyo de las autoridades. En concreto, se han dirigido a alcaldía, que tiene al frente a Ana Belén Castejón, y piden que la entidad que tiene en propiedad los inmuebles, Bankia, lleva a cabo los trámites oportunos para echar cuanto antes de allí a unos inquilinos que les están haciendo «la vida imposible» con los constantes conflictos.

En uno de los vídeos grabados por los vecinos, se ve al ocupante de una de las casas increpando a la persona que está tomando las imágenes. Según aseguran los denunciantes, entre quienes se trasladaron a vivir a este sector de Cartagena hay menores de edad. «Algunos vecinos de la zona estuvieron hasta la madrugada de hoy [ayer para el lector] tratando de ‘negociar’ con los okupas la devolución de algunos objetos robados; es algo esperpéntico que los vecinos tengan que exponerse de esta manera», lamentó el concejal de Ciudadanos, Manuel Padín. Su grupo exigió ayer al Gobierno de España y al Ayuntamiento que actúen de inmediato para garantizar la seguridad, y que se impliquen en los desahucios.

«El fenómeno de la ocupación ilegal y violenta lejos de desaparecer, está aumentando en Cartagena; ya se ha detectado casos en Los Nietos de tráfico de drogas en un piso situado frente a un colegio público; y también en La Palma, la barriada Virgen de la Caridad, Barrio Peral, Pozo Estrecho, La Aljorra, la zona de la Serreta, La Palma, El Portús y ahora en Isla Plana», advirtió Padín. Y cargó contra el gobierno municipal, del PSOE, y contra y Podemos por haber votado en contra del plan contra la ocupación ilegal y violenta presentado por Ciudadanos en el Pleno ordinario de abril de 2017. «La portavoz de Podemos [Pilar Marcos] llegó a acusar a Cs y a la prensa de estar generando una alarma innecesaria y se atrevió a asegurar que la ocupación ilegal y violenta no existía en Cartagena, solo en las grandes ciudades», añadió Padín.

Para terminar con la «dimensión violenta y mafiosa del fenómeno de la okupación», Padín exigió a Castejón – que hace unos días presentó una guía del área de Servicios Sociales para facilitar el acceso a la vivienda a personas sin recursos – que tome medidas contundentes. Citó la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal y la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal.

Padín recordó que su partido, presidido por Albert Rivera, presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para facilitar el desalojo exprés, que entre otras cosas daría más poder a las comunidades de vecinos. Esa iniciativa también plantea que, ante la «dejadez de las entidades bancarias», los ayuntamientos puedan actuar para recuperar viviendas y facilitarlas a las personas que puedan necesitarlas, a través de mecanismos legales.

Precisamente, los vecinos de Mojón Hills han convocado para el próximo 24 de agosto una reunión con el administrador de fincas, a la que Cs espera que acudan representantes de la administración local.

Respecto al casco histórico de Cartagena, la propia alcaldesa pidió en mayo a la Policía Local un aumento de la vigilancia en calles como San Vicente y Serreta, por los «posibles conflictos» derivados de la ocupación de un centenar de pisos. Los responsables estatales de Hacienda han pedido, además, a un juez, el deshaucio de todos ellos, y esperan una respuesta cuanto antes.