La voz de Elba Luz Domínguez se rompe cuando habla con The Guardian por teléfono desde El Salvador. Llora por el recuerdo de cruzar el río con el agua hasta la cintura junto a su hija para llegar desde México a Estados Unidos, haber sido descubierta y maniatada por los agentes estadounidenses que patrullan en la frontera y ver cómo se llevaban a su hija. Y, todavía peor, a pesar de que escapaba de la sangrienta violencia de su país y de haber pasado muchos meses en un centro de detención en Estados Unidos, no consiguió evitar que la deportaran. Sin su hija.

La política migratoria de “tolerancia cero” de Donald Trump, cuyo objetivo es detener a todo inmigrante sin papeles que cruce la frontera, ha generado una ola de traumáticas separaciones familiares y un amplio alboroto político. Sin embargo, esta política de mano dura ni siquiera era oficial cuando Domínguez y su hija Joselin, de 16 años, fueron separadas el pasado otoño. Domínguez recuerda que mientras esperaba junto al río, un agente estadounidense le espetó: “Tú irás a la cárcel y tu hija, a un refugio”.

Domínguez, de 49 años, es diabética y la profunda impresión de la noticia hizo que su nivel de azúcar en sangre se disparara y alterara su ritmo cardíaco. La madre y la hija terminaron en un hospital de El Paso. Más tarde, Domínguez fue arrestada a la espera de juicio y Joselin fue llevada a un centro para menores inmigrantes. Su arresto tuvo lugar en octubre de 2017 y no ha visto a su hija desde entonces.

Madre e hija habían huido de la violencia que terminó con la vida de la compañera de baile de Joselin, y de las amenazas que la niña recibió en todas las escuelas por las que pasó.

El 7 de febrero, Domínguez fue deportada. Tras pasar varios meses en un refugio, Joselin fue trasladada a Houston, Texas, para que pudiera vivir con su padre, al que no había visto desde los dos años.

El sueño de Domínguez era llegar a Estados Unidos y poder viajar con Joselin hasta Dakota del Sur, siguiendo los pasos de otra de sus hijas. Ahora se ha convertido en uno de los cinco padres centroamericanos que, tras ser separados de sus hijos y haber sido juzgados conjuntamente, han unido fuerzas para presentar un recurso en el que afirman que sus condenas vulneran la Constitución de Estados Unidos. Cuatro de los cinco han sido deportados y se han visto obligados a separarse de sus hijos, que siguen en Estados Unidos.

Juzgados como criminales
En el juicio conjunto que se celebró en El Paso en diciembre pasado, los cinco padres defendieron su inocencia. En primer lugar, explicaron al juez Miguel Torres que sus vidas corrían grave peligro si eran deportados. También pidieron al juez que les informara del paradero de sus cinco hijos, de entre ocho y 16 años, de los que se habían separado tras cruzar la frontera y ser arrestados, y le pidieron que les permitiera reunirse con ellos. Sus palabras no tuvieron ningún efecto.

Antes de condenar a los cinco padres y enviarlos a un centro de detención para inmigrantes que esperan ser deportados, Torres les indicó que lamentaba “más que ellos” no poderles dar “ninguna información sobre el paradero o el bienestar de sus hijos”. “Por la expresión de sus rostros y el tono de su voz puedo ver que ustedes están preocupados”, añadió.

El abogado de oficio que representa a los cinco padres, Sergio García, ha explicado a The Guardian que tal vez tenga que llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos para anular las condenas.

Huyendo de las maras asesinas
Uno de los padres, Maynor Claudino, un hondureño de 39 años, llegó a Estados Unidos el año pasado, junto con su hijo Henry, de once. En 2016, miembros de las maras asesinaron al tío de Claudino cuando este les acusó de haber robado su ganado. Claudino cuenta que lo decapitaron y lo castraron.

“Encontré el cuerpo de mi tío en la montaña. Tuve que acompañar su ataúd. A mi primo y a mí nos amenazaron y me daba miedo que intentaran reclutar a mi hijo”, explica. Su mujer y su hija huyeron a otra ciudad y su primo ha optado por esconderse.

Él y su hijo cruzaron la frontera de Estados Unidos en setiembre, después de haber hecho miles de kilómetros y haber cruzado México: “Viajábamos con lo puesto. No teníamos dinero, no teníamos nada”, explica. “Dormíamos en la calle. De hecho, yo nunca conseguí dormir porque temía por mi hijo”, añade.

Jaulas de un centro de internamiento de extranjeros en Texas para encerrar a adultos y niños.
Jaulas de un centro de internamiento de extranjeros en Texas para encerrar a adultos y niños.

Claudino esperaba poder trabajar como conductor y que su hijo pudiera estudiar en Los Angeles, donde tienen familia. Cuando cruzaron el río que une Ciudad Juárez, México, con El Paso, Claudino trató de explicar a los agentes estadounidenses que los descubrieron que volver a su país era una condena a muerte.

“El agente me mandó callar. Me dijo que Estados Unidos era tan peligroso como Honduras y que las bandas estadounidense también podrían captar a mi hijo para que vendiera droga”, recuerda Claudino. Mientras lo esposaban, su hijo lloraba. Luego, los separaron.

Deportado sin su hijo
Claudino fue deportado a principios de enero. Vio a su hijo por última vez en octubre. “Me han arrebatado a mi hijo”, lamenta. Habla con The Guardian por teléfono, desde Honduras. Como su primo, él también se ha escondido y se muda con frecuencia.

“La mara [Salvatrucha, AKA MS-13] controla Honduras. Tienen mucho poder y armas. Estoy aterrorizado. No puedo permanecer en el mismo lugar mucho tiempo”, explica.

Henry se quedó en un refugio en Texas. Un trabajador social se puso en contacto con el hermano de Claudino, Enrique, y su esposa Lucía en Los Angeles y la pareja accedió a quedarse con el chico. “Hablé con mi sobrino cuando deportaron a Maynor”, explica Lucía.

Antes de que Henry se reuniera con sus tíos en California, estos tuvieron que pagar 1.200 dólares para el billete de ida y vuelta del trabajador social y el billete de ida de su sobrino. “Tuve que ingresar el dinero en una cuenta bancaria. No vi a mi sobrino hasta que llegó al aeropuerto”, explica Enrique.

“Es como si hubiera aparecido aquí por arte de magia”, indica Lucía. “¿Te puedes imaginar cómo es a su edad vivir con gente que no conoces? Echa de menos a su padre, ni siquiera permitieron que se vieran antes de la deportación. Es injusto”, exclama.

Desde Honduras, Claudino explica que su hijo, que siempre había sido un niño muy alegre, ahora es muy introvertido. “No habla mucho. Sé que tiene un trauma”, lamenta.

El juez Miguel Torres también ha criticado el hecho de que se separen a los niños de unos padres que están acusados de un delito menor. “Incluso aquellas personas acusadas de haber cometido los peores crímenes contemplados por el código penal de Texas tienen derechos como padres”, afirma.

Amenazas de adopción
Domínguez explica que cuando esperaba ser deportada, un trabajador social le dijo que si Joselin no iba a vivir con un familiar, podía terminar siendo adoptada. “Si no autorizas que un familiar la pueda recoger al refugio, podría ser dada en adopción cuando seas deportada”, le dijo el trabajador social. “No tuve más opción que permitir que se fuera con su padre a Houston. Hace años que no hablamos”, lamenta.

Asegura que las malas condiciones en el centro de detención de inmigrantes empeoraron su diabetes. Otra de las adultas que también ha recurrido la sentencia también ha tenido problemas de salud. El otoño pasado, Natividad Zavala, una hondureña de 63 años, cruzó la frontera junto con su nieto Alexander, un niño de ocho años, con la intención de entregárselo a la madre, que vive en Nueva York. ""Me arrestaron en la frontera y no lo he visto desde entonces", explica.

Una trabajadora social le explicó que había contactado con la madre de Alexander, así que Zavala tiene la esperanza de que madre e hijo ya estén juntos, aunque no lo sabe a ciencia cierta. Su salud se deterioró hasta tal extremo que ella misma accedió a ser deportada en febrero, a pesar de no tener noticias de su nieto.

La cuarta persona que ha recurrido la condena, Jose-Francis Yanes Mancia, también es hondureño. Entró a Estados Unidos con su hijo José Samuel y fue deportado en febrero de 2018, sin su hijo. Tanto él como sus familiares se han negado a ser entrevistados por The Guardian y no ha sido posible averiguar el paradero de José Samuel.

La única que consiguió esquivar la deportación fue la quinta apelante, Blanca Nieve, que huyó de El Salvador después del asesinato de su marido. Como se explica en un reportaje anteriormente publicado, tras ser separada de su hijo de 13 años y pasar mucho tiempo detenida, pudo reunirse con su hijo en Nueva Orleans y en estos momentos está tramitando los papeles de solicitud de asilo.

Para Sergio García, el abogado defensor de los apelantes, estas deportaciones impiden una relación paterno-filial y, en su opinión, vulneran la Constitución de Estados Unidos. “¿Qué delito cometieron mis clientes?”, se pregunta García. “Huyeron para salvar la vida y salvar a sus hijos. Las leyes federales establecen que los solicitantes de asilo pueden cruzar cualquier punto de la frontera”, añade.

Sobre su hija Joselin, Domínguez afirma que “está contenta” de haberla alejado de la violencia. Tras un profundo suspiro insinúa que tal vez se arriesgue de nuevo y vuelva a cruzar la frontera. “Nunca quise separarme de ella. Creo que la única forma de volver a estar juntas es cruzar el río”.