¿Pero a qué se dedicarán cada uno de estos centros si llegan a crearse? Esto es lo que se sabe:

Serían unas instalaciones fuera de la UE a donde serían trasladados los rescatados en pateras para cribarlos y separar a los potenciales solicitantes de asilo de los inmigrantes económicos (una distinción que hace la ley y controvertida para parte de los expertos). Es una propuesta que los líderes de los Veintiocho pidieron a la Comisión que explorara en su cumbre sobre inmigración el pasado 28 de junio y que debería contar con la “colaboración de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones”. La UE enmarca esta iniciativa en la “necesidad de eliminar el incentivo de embarcarse en travesías peligrosas”. Su gran talón de Aquiles es que tres de los países candidatos que todos tenían en mente pero nadie en la UE menciona, Túnez, Argelia y Marruecos, han dicho a través de sus Gobiernos que no tienen ninguna intención de acogerlos en su territorio.

Es otra iniciativa plasmada en las conclusiones del Consejo Europeo sobre migración. Estarían en la UE, y por tanto sometidos a sus leyes y al escrutinio público. Su función sería también distinguir a los refugiados (que huyen de persecuciones y conflictos) de los inmigrantes económicos (que buscan una vida mejor). Los primeros obtendrían protección internacional y, bajo “el principio de solidaridad”, se supone que serían repartidos entre los países que los quieran acoger; el resto serían deportados (lo que requiere que su país los acepte, cosa que no siempre ocurre). El principal problema es que la propuesta indica que son centros “voluntarios”, es decir, que no se obligará a los países a abrirlos. Y por ahora ni un solo Gobierno se ha ofrecido. La denominación controlados sugiere que los migrantes no serían libres de ir y venir a su antojo.

Es una idea planteada por Austria, con un Gobierno de coalición entre los conservadores y la ultraderecha que preside la UE este semestre, de manera informal en vísperas de la reunión sobre inmigración de este jueves. Estas instalaciones “deberían ser creadas en terceros países que las gestionen con estándares europeos y en cumplimiento de la legislación europea de derechos humanos”, recoge la propuesta. Al estar fuera de la UE, quedaría fuera de su amparo legal. Estos centros están pensados para internar a las personas cuya petición de asilo es rechazada por un país de la UE. Serían enviados allí como paso intermedio para ser expulsados a sus países si es posible; y si no se puede, ese tercer país y, no la UE, sería responsable de esa persona.

Es una idea de Seehofer que la canciller Angela Merkel aceptó a principios de junio para zanjar el órdago de su ministro – – líder de la CSU, partido hermano de la CDU de la mandataria – – . Están pensados para impedir entrar a personas que pidieron asilo en otro país comunitario y pretenden instalarse en Alemania en contra de lo que estipula el sistema vigente, denominado sistema de Dublín. Baviera, el Estado donde gobierna la CSU de Seehofer y que celebra elecciones en otoño, es la gran puerta de entrada alemana. Por lo que se sabe, serían centros de internamiento de los que los migrantes no podrían salir (aunque cruzar irregularmente una frontera en la UE no es delito, sino infracción) mientras las autoridades alemanas averiguan si han pedido asilo antes. El atractivo de Alemania y la libre circulación llevan hasta allí a miles de personas que están tramitando o recibieron asilo en otros países europeos. Berlín intentó devolver a 64.267 refugiados a otros países de la UE pero solo 15% fue aceptado. El punto débil del plan de Seehofer es que Italia, de donde procede buena parte de este colectivo, no acepta esas devoluciones por ahora.