C. DE CARLOS

BUENOS AIRES. La noche del viernes 30 de marzo un incendio dejó reducido a escombros el taller de Luis Viale 1.269, en el barrio porteño de Caballito. Seis bolivianos que trabajaban de sol a sol y malvivían en esta fábrica clandestina murieron. La tragedia sacudió las almas dormidas de las autoridades y provocó una entrevista, en Santa Cruz de la Sierra, entre el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Entre otros acuerdos, se estableció la creación en Buenos Aires de una «casa para la atención de los inmigrantes bolivianos».

Según datos de la Gendarmería Nacional, tres de cada cuatro bolivianos que cruzan la frontera lo hacen ilegalmente. Las estimaciones oficiales aseguran que 9.500 ingresan cada mes en Argentina, y de estos el 60 por ciento no regresarán a su país. Buena parte de ellos terminarán siendo pasto de los buitres textiles, si no pierden la vida, como sus paisanos de Caballito, entre hilos y agujas. Coser y morir, por 100 ó 110 euros al mes, parece ser el destino de los miserables de este rincón de América.

«Hay alrededor de 1.600 talleres ilegales en Buenos Aires, de los cuales en doscientos se plantearían situaciones de explotación y reducción a la servidumbre». Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos del Gobierno de la ciudad, anunció «su regularización» aunque, aseguró, «no va a haber ningun tipo de negociación con aquellos que someten a la gente a trabajo esclavo».

Dicho esto, desde el día de la tragedia se han clausurado 122 establecimientos como el mencionado. El resto siguen a toda máquina.