CHARO NOGUEIRA / ANA ALFAGEME
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Madrid

EL PAÍS
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Sociedad – 22 – 04 – 2006

TEXTO REFERENCIA
Proyecto de la Ley de Dependencia
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  Los usuarios

  Los servicios

  El copago

  El cuidador

  El empleo

Las personas que no pueden valerse por sí mismas (1,1 millones, la mayoría mayores de 65 años) tendrán derecho a recibir atención pública a partir del año que viene. Así lo prevé el proyecto de Ley de Dependencia que ayer aprobó el Gobierno. En 2007 se atenderá a los 201.000 ciudadanos en peor situación, según el Gobierno. La Administración central y las comunidades autónomas cofinanciarán la atención (12.638 millones de euros cada una hasta 2015, cuando está previsto un gasto público de 375 euros mensuales por beneficiario). Los usuarios abonarán parte del coste.

Un nuevo sistema de protección social – comparable a las pensiones, la sanidad o la educación, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega – echa a andar. El proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, establece el derecho de todas las personas que no pueden valerse por sí mismas en la vida cotidiana – dependientes – a recibir atención pública.

Se trata de un derecho subjetivo – exigible ante los tribunales – y universal, aunque no gratuito, para todos los españoles, según consta en la exposición de motivos. El texto se ha modificado tras las consultas a las comunidades autónomas, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y los acuerdos con IU y ERC. También ha incorporado la atención a los menores de tres años, a los enfermos mentales, y a los dependientes mayores de 65 años que necesiten asistente personal. El Gobierno no facilitó ayer la memoria económica del texto aprobado.

Está sin concretar en el proyecto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, el tipo de ayuda – económica o de servicios – que se recibirá en cada caso, un derecho que, según el Gobierno, garantizará la nueva ley. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. A su juicio, supone “un enorme avance social” que, además, favorecerá a las mujeres – lo son el 83% de los cuidadores familiares – . Confía en que la ley entre en vigor el próximo 1 de enero. Cuenta con el apoyo declarado de Izquierda Unida – ICV y de Esquerra Republicana de Catalunya.

- Implantación gradual. La ley creará el Sistema Nacional de Dependencia, el paraguas que acogerá todos los servicios, preferentemente públicos o concertados, que se pondrán a disposición de las personas con discapacidad. Entre ellos, la teleasistencia, los centros de día, la ayuda a domicilio y las residencias. Será preciso crear una red amplia. Ahora sólo el 6,5% de las familias que cuidan a una persona dependiente recibe ayudas sociales, según el Libro Blanco de la Dependencia. El sistema se implantará de forma gradual. Comenzará por atender a las personas con mayor discapacidad (201.000 el año próximo, cuando está previsto un gasto de 800 millones de euros, en parte destinados a infraestructuras). En 2008 habrá 300.000 beneficiaros y un gasto de 1.357 millones, según calcula Trabajo.

- 375 euros por beneficiario. Desde 2007 hasta 2015 (cuando se prevén 1.373.000 beneficiarios), la Administración Central aportará 12.638 millones de euros para la atención a la dependencia y las comunidades, otro tanto, según el Ministerio de Trabajo. A partir de ese año, el coste del sistema supondrá algo más del 1% del PIB. Ahora las administraciones dedican 1.776 millones anuales en atender a las personas dependientes. Según Caldera, se prevé que la atención a cada dependiente cueste una media de 375 euros mensuales a las arcas públicas en 2015.

- Ayudas económicas. Cuando no se pueda proporcionar atención pública, se concederá una prestación económica (por determinar) para que la persona la contrate de forma privada. También se contempla que los cuidadores familiares reciban un sueldo (aún sin fijar) y se den de alta en la Seguridad Social.

- Atención igual en toda España. La ley prevé tres niveles de servicios. La Administración Central financiará el más bajo, que garantizará una atención mínima igual en toda España (su contenido está por determinar). El segundo nivel de protección será el que se acuerde entre la Administración Central y cada comunidad autónoma (se financiará al 50% por convenios). Si las comunidades desean ampliar más la atención (tercer nivel) deberán sufragarlo solas, con sus propios recursos.

Los usuarios

Tiene derecho a asistencia cualquier español que necesite ayuda para sus actividades básicas por su discapacidad, y que haya vivido cinco años en España, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, según el proyecto de ley. También los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España. El usuario debe acudir a su comunidad autónoma a partir de 2007 para que se reconozca su derecho como dependiente. Un órgano de valoración medirá su situación de acuerdo con un baremo estatal (sin fijar). Con ello se hará a un programa individual de atención donde se fijarán los servicios que necesite.

Los servicios

Los usuarios del futuro Sistema Nacional de Dependencia tendrán derecho a un catálogo de servicios con arreglo a su programa individual de atención: teleasistencia (ahora sólo tres de cada 100 mayores de 65 años disponen de ella), ayuda a domicilio (sólo está cubierto el 3,5% de los mayores), centros de día (una prestación casi inexistente, a la que tiene acceso un 0,54% de los mayores) o de noche, además de residencias (ahora existen 272.000 plazas, de las que 196.000 son privadas). Las personas dependientes podrán recibir dinero para contratar un servicio privado si no hay cobertura pública a su alcance.

El copago

El nuevo derecho no será gratuito, como la educación o el médico de la sanidad pública. Cada usuario contribuirá según su renta y patrimonio. Si es más rico, pagará más. Nadie, según el Gobierno, quedará excluido por no poder pagar.

Las arcas públicas gastarán por cada dependiente 375 euros al mes de media, según los cálculos del Gobierno. De cada 100 euros que se destinen a dar servicios a los dependientes, 66,6 los desembolsarán el Estado y las comunidades autónomas. El resto, 33,3, los usuarios. Eso no significa que cada uno tenga que pagar por fuerza un tercio de las prestaciones que necesite.

El cuidador

Aunque con carácter excepcional, el proyecto de Ley de Dependencia prevé que “cuando el beneficiario pueda ser atendido en su domicilio por su entorno familiar (…) se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares” (artículo 18). Las condiciones de acceso a esta prestación, de la que podrían beneficiarse entre 300.000 y 400.000 cuidadores, se establecerán posteriormente. Se tendrá en cuenta la capacidad económica de la persona dependiente. “El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen”, establece el proyecto. Recibirá formación.

El empleo

Con la atención a la dependencia se crearán “al menos 300.000 puestos de trabajo directos y varios cientos de miles indirectos”, dijo ayer el ministro Jesús Caldera. Según la memoria económica del texto anterior, el anteproyecto, que cita el Libro Blanco de la Dependencia, se crearán 263.000 empleos sólo en prestación de servicios. La memoria incluye otros modelos de cálculo menos generosos: entre 160.000 y 174.000 trabajos, a los que habría que añadir los empleos que se crearían en la construcción de residencias. El ritmo de creación de empleo podría ser de 20.000 a 30.000 empleos anuales por término medio entre 2005 y 2010.