Los líderes de 16 países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, participan este domingo por la tarde en una cumbre informal en Bruselas para acercar posturas de cara al Consejo Europeo de la semana que viene, en el que los 28 países de la Unión intentarán responder a la situación de los inmigrantes que llegan por el Mediterráneo.

A la minicumbre de este domingo no asistirán todos los países de una UE que afronta la cuestión notablemente dividida. Acuden a este primer encuentro los jefes de Estado o de Gobierno de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Austria, Bulgaria, Malta, Bélgica, Holanda, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean – Claude Juncker, convocó el encuentro a petición de la canciller alemana, Angela Merkel, que para salvar su Gobierno de coalición necesita ofrecer soluciones al líder del ala bávara de su partido y ministro de Interior, Horst Seehofer, que demanda más mano dura en política migratoria. Merkel quiere frenar la “migración secundaria”, por la que los demandantes de asilo que llegan a las costas Mediterráneas se dirigen luego a Alemania –que recibió casi 1,2 millones de solicitudes en 2015 y 2016– y a otros países del norte para solicitar protección.

Así se recoge en una declaración firmada esta semana con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que también abogan por reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE. Precisamente con el jefe del Ejecutivo galo se reunió este sábado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para proponer centros de migrantes cerrados “en suelo europeo”.

Por su parte Italia, principal punto de entrada de quienes atraviesan el Mediterráneo –120.000 inmigrantes llegaron al país en 2017)–, recrimina a sus socios europeos la falta de apoyo durante años y que no hayan cumplido con las cuotas de acogida de refugiados. Roma pide que se reforme el reglamento de Dublín, que exige que se solicite el asilo en el país de llegada y este se haga cargo después de los demandantes.

El nuevo Gobierno italiano y en particular su vicepresidente, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva y amenazado con no dejar desembarcar más barcos, tras no acoger al Aquarius, que con 629 inmigrantes a bordo fue recibido finalmente por España en València.

Los países del grupo Visegrád –Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia–, que ya han anunciado que no acudirán, se niegan a aplicar el sistema de cuotas de reparto de refugiados, piden mayor control de las fronteras exteriores y crear centros de acogida fuera de la UE, una posición que comparte Austria, que asumirá en julio la presidencia del Consejo de la Unión.

En este contexto, la Comisión Europea se ha visto obligada a modificar sus planes y contempla crear “plataformas de desembarco” en países del Norte de África, como se avanzó esta semana en un borrador del Consejo Europeo presidido por Donald Tusk.

Esta postura, “distinta, aunque complementaría” a la lanzada por Macron y Sánchez este sábado, se combinaría con paquetes de retorno voluntario a los países de origen y más esfuerzos de reasentamiento. Estos desembarcos regionales darían a los inmigrantes, a juicio de las instituciones comunitarios, “la protección y dignidad que merecen” y deberían respetar las leyes internacionales y derechos humanos, según el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, aunque la situación en países como Libia pone esto en cuestión.