La Consejería de Sanidad ha entregado desde 2015 un total de 2.997 tarjetas sanitarias a personas extranjeras residentes en Canarias en situación irregular. Ese año, el entonces consejero, el socialista Jesús Morera, dictó una orden con la que el Gobierno canario buscaba incluir en el sistema a las 49.000 personas que se estimaba que se quedaron sin atención sanitaria en virtud del Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal en España.

El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de restituir la universalidad de la atención sanitaria abre nuevamente la puerta a todas los que saltaron del sistema, aunque, más allá de estimaciones y de esas casi 3.000 tarjetas emitidas desde 2015, se desconoce cuántos migrantes indocumentados hay en las islas.

Iriome Rodríguez, portavoz de Médicos del Mundo en Canarias y miembro de la Coalición por el Derecho a la Salud, considera no obstante que esas 3.000 tarjetas son «una cifra realista» que evidencia, dice, que «mucha gente nunca ha accedido a ellas». Echando mano de los datos que maneja el propio Gobierno, Rodríguez estima que en torno al 2% de los migrantes que perdieron asistencia sanitaria en 2012 la han podido recuperar.

Hasta ahora, la Consejería de Sanidad solo había ofrecido datos de cuantos migrantes irregulares solicitaron la nueva tarjeta sanitaria en 2016, un año después de la aprobación de la orden, y entonces eran 1.000 personas las que la habían solicitado. Iriome Rodríguez pone el acento en el hecho de que «las tarjetas se tenían que renovar año a año y que, por tanto las 3.000 tarjetas de estos tres años no tienen porque ser los mismos 3.000 usuarios».

Desde Médicos del Mundo, dice Rodríguez, están «expectantes» ante el nuevo decreto, del que esperan que realmente devuelva la universalidad a la sanidad y, por tanto, que en la definición de qué personas tiene derecho a la salud vuelvan a ser los ciudadanos y los residentes, como en 2012, y no los asegurados, como estableció del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy. Esa definición, explica, también dejó fuera del sistema a ciudadanos de la Unión Europea (sobre todo de Bulgaria y Rumanía), legales, pero que al no poder trabajar por carecer de permiso de trabajo no cotizaban a la Seguridad Social y no les atendía, y a los ascedentes de emigrantes en situación legal, porque nunca habían cotizado en España.

La Coalición por el Derecho a Salud ha analizado la situación de la Sanidad en Canarias en los seis años transcurridos que se sacó a los migrantes irregulares del sistema y se estableció el copago de los medicamentos y ha concluido que «la sanidad ha empeorado» y, además, «no se ha ahorrado dinero ni se ha acabado con el colapso de los servicios». El único dato que conocen ahora y antes de 2012 es que «los migrantes usan los servicios sanitarios un 30% menos que los españoles».