Mediodía. Hace 23 grados en Asilah, una pequeña ciudad en la costa atlántica del norte de Marruecos. Ahmed, que acaba de cumplir los 20 años, saca el Iphone y muestra su nueva adquisición. “¡Una jet sky Yamaha sin documentación!”, exclama el joven. “La encontré en internet por 6.000 dirhams (540 euros), en buen estado pero sin motor, ya me encargo yo de encontrar uno potente. Tiene que ser así para que la policía no siga el rastro”. A su lado, otro chico, que nació en Ceuta, acaba de volver de Tánger de cerrar un negocio. “La semana que viene voy a subir a España a un niño de Beni Melal (al sur del reino) por 56.000 dirhams (5.000 euros)”, confiesa.Minutos después aparece un tercer chaval. Su nombre es Hakim y cuenta que la semana pasada llevó hasta Tarifa en moto acuática a otro menor de 16 años de Alhucemas. Salieron desde la playa de Alcazarseguir (a 34 kilómetros de Ceuta) cuando a la Marina Real Marroquí le tocaba el cambio de turno. El precio del viaje: 4.600 euros. “Ahora tengo dos chicos apuntados para que les lleve a la península. Y uno más que está intentando conseguir el dinero. Si no, por 2.000 euros, a lo mejor le puedo dejar cerca de Ceuta y que vaya nadando”, dice Hakim.
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El fenómeno de cruzar el Estrecho en moto de agua se disparó el año pasado. Antes de agosto, el delegado del Gobierno en Andalucía tenía contabilizados a 120 inmigrantes (un 75% menores de edad) que lograron llegar a las costas andaluzas mediante esta vía (en todo el 2016 tan solo lo hicieron 15). Después perdieron la cuenta. “Y este verano no se imaginan lo que les va a llegar. Entre las pateras que van a salir con los subsaharianos y a los marroquíes que vamos a cruzar en motos, no van a saber qué hacer”, advierten los chicos de Asilah. Ellos aseguran que no funcionan como una mafia, que cada uno se busca la vida en conseguir sus herramientas (motos acuáticas) y hacer los contactos. “Somos como los nuevos coyotes que pasan a gente de México a Estados Unidos. Sólo que cobramos mucho menos”, bromea el joven de Ceuta, que cuenta que él se fue a estudiar a Cádiz pero que se complicó su futuro cuando la policía le pilló descargando hachís. Después de estar unos meses en prisión, volvió a Marruecos. “Aquí en el norte cada vez hay más chicos que ahorran un poco de dinero para comprarse una moto de agua. Saben que a partir de este mes con lo que se saquen pasando inmigrantes a España pueden vivir dos o tres años”.En la otra orilla, el chico de 16 años de Alhucemas ya está en el País Vasco. Con Hakim sólo tardo 25 minutos en llegar a Tarifa. Fue al centro de menores de La Línea de la Concepción y un par de días después apareció en Bilbao. “Eso sí que es una mafia. Desde Marruecos estos chicos o sus familias ya tienen contratado a un hombre que les espera con un coche donde digan y les lleva hasta el norte”, explica Hakim.Esta escena la ha visto varias veces el investigador y arabista José Carlos Cabrera, que ha estado los últimos años trabajando como mediador intercultural con más de 6.000 menores magrebíes que han cruzado a las costas andaluzas. “Estos hombres les esperan en Tarifa y les suben hasta Madrid, el País Vasco o Barcelona. Está todo muy estructurado, con un circuito muy claro, sofisticado y rápido”, explica Cabrera. “Lo de las motos de agua es un fenómeno que empezó hace dos años y que el verano pasado se disparó. Normalmente el conductor suele llevar a dos chicos y la mayoría que van son menores de edad de zonas muy rurales de Marruecos. Muchos salen con dinero de sus casas, que les dan sus familiares vendiendo todas sus posesiones porque este transporte es mucho más seguro que ir en una patera. Ahora, al centro de la Línea, están llegando de media dos menores cada día”. Los chicos de Asilah han vuelto a trabajar. Su jornada empezó el pasado viernes. Aprovecharon la festividad del Eid Al-Fit, el fin del Ramadán, y el estreno de la selección marroquí en el Mundial de Rusia contra Irán, para hacer un par de viajes a las costas andaluzas. Se cruzaron con oleada de las pateras en el Mediterráneo, justo los días en el que el foco mediático estaba puesto sobre el barco Aquarius. En tres días, Salvamento Marítimo rescató a 1.290 personas entre el Estrecho y el Mar de Alborán. Otras cuatro aparecieron ahogadas. Y el fin de semanas había 43 personas desaparecidas en el mar. Un drama que este verano seguirá. Como lo harán las salidas de las motos de agua con migrantes. Ellos, en cambio, no inflan las cifras. Como dicen los trabajadores sociales de los centros: “Aparecen un día, y nadie sabe cómo han llegado hasta aquí”.
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Desde Cádiz, fuentes de la Guardia Civil confirman el aumento de llegadas de inmigrantes a sus costas mediante motos acuáticas. “Nosotros tenemos patrullas marinas que intentan perseguir a estos traficantes de personas. Pero no tenemos los medios ni el personal necesario para controlar sus movimientos”, aseguran. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también ha alertado sobre este incremento en la utilización de motos acuáticas. Ellos ponen el ejemplo de lo ocurrido en Ceuta el verano pasado, cuando entraron 27 inmigrantes de esta forma. Hace un mes, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el apoyo de Europol, desarticularon una red que introducía por el Estrecho droga e inmigrantes en potentes motos de agua. El Ministerio del Interior informó que había detenido a 19 miembros de la organización en diversas localidades de Almería. Esta semana, en Tánger, el juez de la Primera Sala de lo Penal ha condenado con una pena de cinco años de prisión a dos treintañeros del sur de Marruecos que lideraban una organización que pasaba a España a compatriotas en motos acuáticas. La mayoría eran menores de edad.En un reciente informe, la ONG Save the Children denunciaba la situación de vulnerabilidad de estos menores no acompañados que llegan a España. Tanto en motos de agua, en pateras, como colándose por las fronteras de Ceuta y Melilla. En 2017 llegaron a España casi 28.349 migrantes, de los cuales el 14% eran menores. Una cifra que en 2017 registró un aumento del 60% respecto a 2016. Lo que supuso el colapso de los centros de acogida y el descontrol de sus registros y movimientos por parte de las administraciones.