No es precisamente descanso lo que ofrece estos días Alicante, la ciudad de 330.000 habitantes que acaba de acoger al centenar de menores no acompañados que viajaba a bordo del Aquarius en plenas fiestas de las Hogueras de San Juan. Al término de su epopeya, estos jóvenes de entre 12 y 17 años se han encontrado en sus primeros días en tierra firme en una capital ruidosa, de calles cortadas y coloridos monumentos de cartón que brotan a cada esquina. Hasta el día 24 de junio les espera la incesante música de verbenas, orquestas y barracas y el estruendo continuo de los petardos. Pero también la burocracia: las visitas al hospital, las entrevistas con funcionarios y voluntarios. Ante ese panorama, el Mundial de Fútbol de Rusia se ha convertido en una importante válvula de escape.

El alcalde alicantino, Luis Barcala, y la vicepresidenta valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra los visitaron este lunes en el albergue autonómico donde han sido alojados. Oltra contó a los periodistas que los había visto “muy serenos”, aunque también había apreciado en ellos “una gran carga emocional y de sufrimiento a sus espaldas”.

Las instituciones y entidades que participan en su acogida han pedido a los medios un respeto riguroso a su intimidad y su seguridad que pasa por evitar fotografiarles y revelar la ubicación de su refugio. “Necesitan tranquilidad", según la vicepresidenta de la Generalitat, una estabilidad previa al establecimiento de vínculos de confianza que les permitan “empezar a contar todo lo que les ha pasado durante los últimos años”. El Gobierno valenciano pretende dispensarles una “protección inmediata” para que puedan llegar a ser “en el futuro unos adultos felices, integrados y en igualdad de condiciones que los niños de aquí”.

“Algunos cuentan historias terribles, lo que nos esperábamos”, confirma a EL PAÍS la coordinadora de una de las instituciones participantes en el operativo. Narran situaciones “difíciles de imaginar”, en palabras de Oltra. Entre ellos puede haber víctimas de trata de personas y de abusos sexuales, huidos incluso de las garras de organizaciones terroristas como Boko Haram.

Cruz Roja ya está trabajando con ellos esos traumas y esperar contar en breve con un grupo de “apoyo psicosocial, ocio y tiempo libre” especializado, tal y como explica un portavoz de esta ONG, Pablo Valero. Los menores –varones en su mayoría y de media docena de nacionalidades distintas – están un poco “nerviosos y desubicados”, según Valero, pero también felices porque han logrado ver “la luz” al final de este viaje que llevan “haciendo tanto tiempo”.

De acuerdo con los datos facilitados por Cruz Roja, a Alicante han sido trasladados 113 menores extranjeros no acompañados (MENA, según el acrónimo oficial), mientras que otros 13 han sido derivados a centros de la provincia de Castellón. Cierto caos y baile de cifras han presidido los trámites burocráticos derivados de su llegada, tal y como admiten fuentes jurídicas consultadas por este periódico para la elaboración de este reportaje. “Está todo en el aire todavía”, reconoce una funcionaria. La hoja de ruta, sin embargo, está clara. La marca el Protocolo Marco para los MENA publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de octubre de 2014.

Algunos de los migrantes cuya edad puede generar dudas han comenzado este martes por la tarde a someterse a radiografías óseas en la muñeca, la mandíbula y la clavícula en el Hospital Universitario de San Juan, a las afueras de Alicante. Especialistas forenses del Instituto de Medicina Legal deberán examinar los resultados y emitir los correspondientes informes antes de que los jóvenes comparezcan ante la Fiscalía de Menores, lo que previsiblemente ocurrirá el próximo jueves.

El grueso del trabajo de identificación lo están desarrollando por ahora agentes del Cuerpo Nacional de Policía con la colaboración de intérpretes, psicólogos y trabajadores sociales. El colegio de Abogados ha establecido un turno especial de voluntarios para asesorar jurídicamente a los migrantes que no han alcanzado aún la mayoría de edad, que deberán ser declarados en desamparo y, posteriormente tutelados, por el Gobierno valenciano.

Los letrados ya han comenzado a entrevistarse con ellos para explicarles el procedimiento administrativo que les aguarda–en principio ninguno se ha negado a hacerse las radiografías – e informarles de sus derechos a pedir el asilo en España cuando cumplan los 18 años, según fuentes del colegio alicantino.

En un plazo aproximado de 45 días, la Consejería de Igualdad debería derivarlos a otros centros, familias de acogida o pisos tutelados, según sus necesidades. La capacidad de la red de recepción pública valenciana de menores muy limitada, como denunció en su día por el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana.

Policías, jueces, fiscales, abogados, ONG y técnicos autonómicos de Alicante cuentan ya con una amplia experiencia en el trato con este colectivo debido a la llegada de pateras, que se ha disparado en los últimos años. De hecho, en 2017 había en toda España 6.414 niños y niñas migrantes bajo tutela de las comunidades autónomas, un 60,4% más que el año anterior.

Los menores que llegaron a Valencia el pasado domingo en el Aquarius y los buques italianos Dattilo y Orione tratan ahora de adaptarse a su nueva vida en una ciudad europea que hierve de fiesta. Mientras se recuperan de la dura travesía marítima, juegan, comparten sus experiencias y siguen con gran pasión por televisión los partidos del Mundial de Fútbol, donde compiten varias selecciones africanas.