La incógnita acerca del estatus y el destino que recibirán los 629 inmigrantes del Aquarius ha aflorado el primer enfrentamiento dialéctico entre la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, proclive a que se les trate como refugiados, y el Gobierno español, que apela al cumplimiento sin excepciones de la legalidad vigente para la inmigración irregular.

Todo parecía, el 11 de junio, la crónica de un éxito conjunto entre administraciones gobernadas por partidos de la misma ideología: la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia se habían ofrecido para acoger al pasaje del Aquarius tras el rechazo de Italia y Malta, y apenas unas horas después el recién estrenado Ejecutivo de Pedro Sánchez asumía el reto humanitario y anunciaba que España les acogería a través del puerto de Valencia. Al día siguiente, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunció que el Gobierno concedería el estatus de refugiado y de acogida a esos inmigrantes por la situación “de emergencia y excepcionalidad”, al margen de la condición personal de cada uno de ellos.

Oltra hacía este anuncio citando el compromiso que habría adquirido la Delegación del Gobierno en la reunión de la comisión mixta para la atención y acogida de refugiados, en la que se adoptaron las medidas del primer operativo de acogida que se les dispensaría y que fue bautizado como Operación Esperanza Mediterráneo.
El día 13 comenzaron ya los primeros problemas de coordinación a cuenta de la logística, concretamente dónde iba a atracar la flotilla. Pero la mayor tensión comenzó el día 14, con una entrevista matinal al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que aseguró que el tratamiento a los inmigrantes del Aquariussería el mismo que el que se da a los que llegan en pateras a España a través de Argelia o Marruecos, tramitando los expedientes que correspondan para su regularización administrativa. -