A las once menos dos minutos de la mañana y con viento de Levante atracaba ayer en el Puerto de Valencia, muelle de cruceros número 1, el Aquarius, símbolo de una crisis desatada por sorpresa por Italia que España se adelantaba a socorrer de forma extraordinaria, pero cuya conclusión es todavía incierta. Lejos del feliz «Odissea finita» que proclamaba el domingo el diario romano La Stampa junto a nuevas provocaciones del ministro del Interior, Matteo Salvini –«todavía hay mucho por hacer y esto también se aplica a España y otros países europeos», declaraba quien cerró el paso al barco– queda ahora por delante gestionar qué va a ser de los 630 recién llegados.

De entrada, según fuentes de la Policía Nacional, a las ocho de la tarde de ayer ningún inmigrante había sido consignado para su trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) al no hallarse durante la aplicación de los protocolos de identificación y reseña incidencias de seguridad –caso de prohibición de entrada en España, antecedentes, orden internacional de búsqueda en su contra– que requirieran la apertura de procedimiento de expulsión.

Manifestados

Por otro lado, excepto uno, todos los que habían completado a esa hora el circuito de seguridad, –157 personas, según las mismas fuentes policiales–, habían firmado manifestación de petición de asilo: 87 en España y los 70 restantes ante Francia, acogiéndose a la oferta realizada por el gobierno de Emmanuel Macron de tramitar los expedientes de cuantos pasajeros del Aquarius desearan optar al estatus de refugiado en el país vecino.

En el caso de España, los inmigrantes tendrán que confirmar esa solicitud de asilo para intentar regularizar su situación en los próximos 45 días, un permiso de estancia extraordinario que a tal efecto, –según explicó ayer el inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Bernardo Alonso en declaraciones en el Puerto de Valencia– el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha concedido por razones humanitarias.

Los agentes de Extranjería y de Policía Científica operaron simultáneamente ayer domingo en 25 puestos, solicitando documentación los primeros –nadie la facilitó– y cotejando los segundos los datos biométricos de los inmigrantes con las bases propias y de la Interpol, que al cierre de esta edición sólo habían dado resultados negativos.

El proceso es laborioso y ayer avanzaba despacio, a pesar de que no fueron sometidos a ese circuito los más de 90 miembros del pasaje que son niños o han dicho ser menores, si bien serán las pruebas correspondientes las que despejen si muchos de ellos, –como pareció ayer durante el desembarco–, pueden en realidad superar la mayoría de edad.

Todos han quedado bajo tutela del Estado. El primer grupo que salió ayer del puerto incluía individuos de entre 12 y 17 años y se dirigió rumbo a un centro público de acogida del gobierno valenciano en Alicante.