Primero la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y el ministro de Interior, Fernando Grande – Marlaska, dijeron que los 630 migrantes que llegan a València después de ser rescatados por el Aquarius
tendrían que superar el protocolo habitual de solicitud de asilo
. Es decir, que no tendrían ningún trato diferencial con respecto a las personas que entran por otras vías y que, por tanto, podrían acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ser deportados.

Al día siguiente, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra
aseguraba que se les aplicaría un criterio de “excepcionalidad” que permitiría a todos acogerse al plan de asilo. En las últimas horas, el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha aclarado que tendrán una “autorización especial” de un mes y que, a partir de ahí, se les tratará conforme a la “legalidad sin mayores excepciones”. El Gobierno central es, por tanto, tajante: no todas las personas del Aquarius tienen asegurado un futuro en tierra europea.

¿Eso qué significa? ¿Qué proceso les espera a esas 630 personas, procedentes de diferentes países africanos? Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explican que el primer paso será solicitar asilo, que recuerdan que “es un derecho y no una obligación”.

Básicamente son dos los criterios por los que se puede conceder: por proceder de un país en conflicto armado (como es el caso de Siria o Yemen) o por demostrar un caso de persecución individual que ponga en riesgo la vida del solicitante (por ejemplo, por ser homosexual en un país donde esté criminalizado). Esto complica las esperanzas de, sobre todo, los migrantes procedentes de los países del Magreb (como Marruecos o Argelia).

Si se deniega la solicitud, la persona inmigrante puede acabar en un CIE o recibir directamente la orden de expulsión. Si es aceptada, comienza el proceso de entre 18 y 24 meses en el que reciben distintos tipos de prestaciones, como escolarización, atención sanitaria, formación lingüística, alimento y ropa, entre otras.

En los primeros 6 meses las personas son acogidas en centros gubernamentales o gestionados por ONGs mientras se resuelve su situación legal (se puede ampliar hasta 9 meses en los casos más vulnerables). A continuación, se pasa a la fase de “autonomía”, que dura 6 meses más en los que siguen contando con apoyo y se les ayuda en la búsqueda de empleo. Por último, en un periodo final de 6 meses siguen recibiendo ayuda económica para que terminen de desarrollar sus capacidades y puedan comenzar a vivir de forma independiente. De forma excepcional, en casos extremos, las prestaciones se pueden alargar 6 meses más (dos años, en total).

Desde CEAR esperan que buena parte de las solicitudes del Aquarius se admitan a trámite “dado el impacto mediático” del caso. Por otro lado, el estatus de refugiado dura 10 años. En ese tiempo, los inmigrantes tendrán tiempo para acreditar haber residido en territorio español durante cinco años y demostrar arraigo o contrato laboral para obtener el permiso de residencia permanente.

El abogado africano Manuel Lino Silva, que lleva 30 años afincado en España y ha defendido en los juzgados a personas que han sido expulsadas, no es tan optimista: “No creo que vayan a dar el estatuto de refugiado a casi nadie. El historial de concesión de estatuto en España no llega siquiera a un 2%”. Cree que solo diferencia una cosa a los migrantes de la flotilla del Aquarius de los que llegan en patera, y es la recibida, ya que “en tres meses” cree que su situación “acabará siendo la misma que la de los demás”.

En CEAR han celebrado la decisión del Gobierno español de acoger a los 630 migrantes y piden que “lidere un cambio en la política de acogida de la Unión Europea”. Además, la entidad solicita a la Comisión Europea que estudie sanciones a Italia porque “su comportamiento vulnera las reglas internacionales que regulan los rescates marítimos y el derecho de asilo”. También hacen un llamamiento “a la corresponsabilidad de los Estados miembro”.

En el informe Los muros invisibles tras la Frontera Sur que presentó CEAR a principios de año, alertaban de que en 2017 se triplicó el número de llegadas a costas españolas: superó las 22.000 personas (lo que representa casi el 13% de las entradas por mar a Europa) y se registraron 223 muertes de migrantes tratando de alcanzar el país. Advertían igualmente que estas personas, al llegar, sufrían “falta de información sobre su situación administrativa y graves dificultades para pedir asilo”. Además, denunciaban que “tanto las instalaciones portuarias como los calabozos donde las personas migrantes son detenidas no reúnen las condiciones adecuadas ni cuentan muchas veces con intérpretes”.

Por último, CEAR señala como “muy grave” que “se utilice de forma sistemática las detenciones en los CIE de las personas que llegan por mar, sin tener en cuenta su situación individual” y recuerdan que “la legislación española establece la privación de libertad como último recurso”.