“En Andalucía hay un ‘Aquarius’ cada fin de semana”, lamentaba esta semana el director general de Save The Children España, Andrés Conde. La llegada del buque de Sos Mediterraneé ha servido para poner en evidencia cómo el sistema de acogida a inmigrantes en nuestro país es insuficiente por la falta de recursos y la ineficacia de un modelo basado en la represión policial y el ingreso en Centros de Internamiento (CIE) que las asociaciones de derechos humanos no dudan en tildar como “cárceles opacas” donde quedan desatendidos. Un sufrimiento que se revela además “inútil”, ya que solo uno de cada tres internos es expulsado o devuelto a su país. Por eso, son muchas las oenegés que se suman al llamamiento de Conde para  que este caso excepcional sirva ayude a “introducir un nuevo paradigma en términos de acogida, recepción e integración" en el que se implique la UE. "Hoy por hoy los países del Sur están enfrentando el problema y los del Norte están contemplándolo como si no fuera con ellos”, resume Conde.

La gestión de la inmigración es uno de los retos del nuevo ejecutivo socialista, pese a que en anteriores etapas en el Gobierno tampoco variaron las bases del modelo. Los números hablan por sí solos. Según el Ministerio de Interior, España fue la vía escogida durante 2017 por 28.572 inmigrantes para entrar de forma irregular por las fronteras terrestres y marítimas, frente a los 14.558 de 2016. Aumentaron los marroquíes y argelinos y también el número de menores no acompañados (los ‘mena’, que suponen el ocho por ciento del total de llegadas), que hicieron de las costas andaluzas la primera parada en su camino a un futuro mejor que creen les aguarda en el norte del país o en Centroeuropa. Y este año va por el mismo camino. Solo hasta el 10 de junio la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) había contabilizado 9.315.

Sin embargo, pese a la escasez de plazas en los siete centros existentes en España, se adopta por sistema excepto con los solicitantes de asilo, quienes necesitan recursos de acogida humanitaria o víctimas de trata. Unas 8.814 personas fueron internadas en los CIE, en su mayoría (7.559) a la espera del procedimiento de devolución, pero 4.284 fueron puestas en libertad por falta de identificación, lo que se convierte en la primera causa de salida del CIE. Los datos señalan además que en 2017 se dictaron 20.672 órdenes de devolución, de las que solo ejecutaron 5.272.

El repunte de llegadas se viene registrando desde al menos 2012, de ahí que las asociaciones de derechos humanos critiquen la falta de previsión de las autoridades españolas y que en vez de tomar las riendas para afrontar el fenómeno migratorio “se tomen atajos”, como la adaptación de la cárcel de Archidona (Málaga) a finales del pasado año para acoger a medio millar de migrantes, o se improvise. Hace dos semanas, en Cádiz y Motril (Granada) hubo que habilitar instalaciones deportivas para atender a los recién llegados. Tuvieron más suerte que quienes les precedieron apenas unos días antes, que quedaron abandonados a su suerte tras pasar por la Comisaría y vagando por las calles o carreteras en busca de las sedes de las oenegés donde pedir ayuda para abandonar nuestro país cuanto antes, dado que Andalucía es solo zona de paso.  Algunas organizaciones reprocharon que, en el caso granadino, se trató de una estrategia para suavizar la oposición ciudadana a la construcción de un Centro Temporal para Extranjeros (CATE), una suerte de pre – CIE sin reglamento alguno en un antiguo cuartel militar sobre el que ahora deberá decidir el nuevo gobierno socialista.

Todas las asociaciones coinciden en el régimen similar o peor al carcelario que se padece en esos centros. Las quejas realizadas por el Defensor del Pueblo dejan en evidencia las deficiencias de las instalaciones de los CIE, de la atención jurídica, social y médica. “Son cárceles opacas donde se encierra, en muchos casos, en condiciones nefastas e insalubres, a personas que no han cometido delito alguno, a la espera de una expulsión que, en muchos casos, no llega”, recoge la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) en su informe anual, “son un eslabón, uno extremadamente cruel, más del racismo y xenofobia institucional del estado español”.