El arresto por infringir la Ley de Extranjería no conlleva de forma directa el ingreso en un CIE. Arantxa Arocena, responsable del área de Extranjería en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, explica que la detención implica la apertura de un expediente sancionador que puede conllevar su expulsión. La tramitación de este procedimiento puede durar un plazo máximo de seis meses y durante ese tiempo las autoridades pueden adoptar diferentes medidas cautelares, «como puede ser la retirada del pasaporte, la presentación periódica en una comisaría, y solo en caso de que se trate de un procedimiento preferente, el internamiento, que no podrá durar más de 60 días». La medida debe ser acordada mediante un auto judicial y la persona extranjera estará asistida por un letrado. Los abogados de oficio ejercen ese papel, «un trabajo muy loable» que subrayan los investigadores de la UPV como garantía de derechos.