La prestación de ayudas económicas que prevé el plan de abordaje integral del trabajo sexual es algo “que ya se hace habitualmente en otros procesos de inserción socio – laboral” y que, según la situación y necesidades de cada persona pueden oscilar entre 200 y 600 euros. Pilar Vallugera, concejal de Mujer y Derechos Civiles, quiso dejar claro ayer que estas remuneraciones no serán técnicamente por dejar la calle, sino por la asistencia y aprovechamiento de los cursos de formación. Estos cursos serán uno de los instrumentos que el plan incluye para dar alternativas a las personas que se dedican a la prostitución, en cumplimiento de las previsiones de la nueva ordenanza de fomento del civismo.
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Vallugera expresó su esperanza de que antes de acabar el año, entre 60 y 80 personas se acojan a este plan, que entrará en vigor en mayo.
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No todas las prostitutas podrán acogerse a estos cursos, porque legalmente se exige ser español o, en caso de inmigración, tener los papeles en regla. se calcula que entre el 70% y el 90% de las inmigrantes que practican la prostitución en Barcelona no tienen su situación legal regularizada. Estas personas podrán acogerse a otras prestaciones del plan, como el asesoramiento jurídico o la acogida en casos de violencia o riesgo de su seguridad. En este punto el plan propone crear un centro de acogida, pero de momento no pasa de una propuesta que ha de concretarse con otras administraciones, porque los casos de violencia , como los de tráfico de personas atañen a competencias estatales y autonómicas.
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Lo que sí será una realidad el mes de mayo, previa aprobación por el plenario, es la creación de una agencia encargada de la coordinación aplicación y seguimiento del plan. Este plan está dotado de 490.000 euros, ampliables para inversiones, sobre todo en equipamientos.
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La concejal Vallugera lamentó que el plan llegase a los medios de comunicación, antes de ser debatido (hoy) en la comisión de Cultura, Educació i Benestar Social, y atribuyó la filtración a los grupos de la oposición municipal, CiU y PP.
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Estos grupos se mostraron ayer muy críticos respecto al plan, y avanzaron que no lo avalarán. Xavier Trias (CiU) se declaró “especialmente engañado” por el gobierno municipal porque el plan , que se ha trabajado con entidades de apoyo a las prostitutas, “no es serio”. Según Trias, el programa tiene un “planteamiento voluntarista y está lleno de buenas intenciones”, pero “no tiene un objetivo claro”.
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Alberto Fernández Díaz (PP) reclamó por su parte más recursos humanos en los planes de prostitución y de atención social a las personas sin techo para garantizar su inserción social. El dirigente popular acusó al gobierno municipal de practicar “una política de escaparate” y reclamó perseverancia y firmeza para “erradicar la prostitución”.
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La diputada Dolors Clavell, de ICV (grupo que votó contra la ordenanza de civismo) dijo ayer que ha afirmado que las ayudas del plan “siempre son bienvenidas” aunque no justifican la ordenanza, que se hizo, según ella, desde la “perspectiva errónea” de la persecución de la prostitución en la calle.
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