El estatus que se concederá a cada uno de los 629 migrantes procedentes del Aquarius y que llegarán a Valencia en los próximos días tendrá que estudiarse caso por caso. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha pedido “prudencia” en este asunto, un día después de que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, sugiriese que, según la Delegación de Gobierno, se concedería la condición de refugiados a todos los pasajeros por su situación de emergencia y excepcionalidad. “Cada uno tiene que tener el tratamiento médico, humano y jurídico correcto; hay que ver en qué situación están, si están en peligro en sus países y si es así, entonces se les daría la condición de refugiado”, ha matizado Valerio este miércoles.

Los migrantes del Aquarius, por su situación de emergencia y excepcionalidad, sí tendrán una cobertura de protección humanitaria. Frente a una respuesta unívoca a la gestión de la llegada del barco este miércoles era evidente la improvisación y la confusión para definir los protocolos a seguir. En la segunda reunión de coordinación con las autoridades locales en Valencia de este miércoles se ha hablado de la posibilidad de entregar a los recién llegados una autorización de estancia legal en España de 15 días. Pero esta fórmula no ha sido confirmada por el Gobierno central.

Desde el Ministerio del Interior informan que por la imposibilidad de calificar a todos como refugiados –antes se les debe conceder el asilo – – se les atribuirá la condición de “acogidos”. Así se les permite entrar legalmente en España para que quien lo desee solicite protección internacional. Después se aplicará la ley y está a previsto que los trámites “se agilicen” al máximo, informa Patricia Ortega Dolz. En cualquier caso, fuentes conocedoras del dispositivo de acogida, descartan que se traslade a los migrantes a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

España ofrece protección internacional a los migrantes que corren peligro en su país de origen. La protección más alta es la del estatuto de refugiado concedido a las personas que tienen un temor fundado de ser perseguidas en sus países por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas, su género o por su orientación sexual. Otra modalidad, la más habitual, es la protección subsidiaria que se aplica a migrantes que no son refugiados pero que corren el riesgo de sufrir amenazas contra su vida como consecuencia de una situación de violencia indiscriminada, tortura o una condena a pena de muerte. En ambos supuestos, el solicitante tiene derecho a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, además de a atención sanitaria y jurídica.

El proceso no es rápido. España en 2017 acumulaba un tapón de 38.880 solicitudes pendientes, según datos del Eurostat publicados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tampoco es fácil. De las 13.350 peticiones del año pasado, se negaron el 65% de ellas. El estatuto del refugiado se concedió sobre todo a migrantes procedentes de Palestina, Eritrea y Marruecos, 595 personas en total. Los principales beneficiarios de la protección subsidiaria fueron sirios, ucranios y palestinos, un total de 4.080 personas.