Preocupación entre los colectivos de ayuda humanitaria por la forma en que se acogerá a las 629 personas del Aquarius que está previsto que lleguen el sábado a Valencia. Autonomías y ayuntamientos se están ofreciendo a atenderlas, pero sólo cuando lleguen a tierra el Gobierno tomará decisiones sobre dónde dirigirlas, informa Fernando Lázaro. Las ONG agradecen esos gestos, pero creen que lo primero que hay que hacer es planificar bien el reparto y repensar un modelo de acogida que tiene “grietas” y “hace aguas”, según Sergio Barciela, responsable de Inmigración de Cáritas.“El sistema no está adaptado para la improvisación”, advierte la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Estrella Galán, que detalla que el programa de acogida de asilo tiene 8.500 plazas en España y están todas ocupadas. De hecho, “hay 1.000 personas en lista de espera”.A esas 8.500 plazas hay que sumar 2.000 del Programa de Atención Humanitaria y otras 200 en hostales para acogida de emergencia. Todas ellas están “colapsadas”, avisa Cear, que pide que se “pongan más recursos” porque “el sistema de acogida se queda corto”. “La fórmula de gestionar el asilo a través de subvenciones no es viable porque es inflexible”, denuncia.
Le da la razón Pep Buades, portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes: “Hay que fortalecer la red de acogida porque tiene muchas debilidades. Hay escasez de plazas de acogida y de personal que estudia los expedientes de asilo, un proceso que tarda mucho en resolverse”. Las ONG se preguntan qué pasará cuando el Aquarius abandone el foco mediático y los políticos dejen de ofrecer cosas. Recuerdan que el Gobierno sigue sin un Reglamento de Asilo (lleva ocho años de demora) y que “desde hace años no se activan políticas orientadas a la integración”, apunta Barciela.Hacia España viajan 629 personas que huyeron de sus países por hambre o por violencia, fueron rescatadas de la muerte en patera por el Aquarius y llevan días hacinadas en el barco. Entre ellas hay 123 menores solos, 11 niños y seis embarazadas. Médicos Sin Fronteras dice que aunque su situación es estable, “hay personas con hipotermia y ahogamiento. Muchas presentan aspiración y corren riesgo de enfermedades pulmonares o neumonía. Hay algunas con quemaduras químicas. Y casos de ortopedia con infecciones asociadas”.¿Y en qué situación legal quedarán una vez en España? Anoche, la comisión que estudia el caso anunció que el Gobierno les concederá el estatus de refugiado por su situación de “emergencia y excepcionalidad”. Aun así, fuentes gubernamentales tampoco descartan que en el estudio de cada caso aparezcan perfiles susceptibles de devolución a sus países de origen.
La razón es que el Gobierno tiene dos fórmulas legales para tratar a quienes llegan a España como las personas del Aquarius. Y, en función de cuál eliga, la suerte de estos desposeídos será muy distinta. Si los 629 niños, mujeres y hombres del Aquarius fueran tratados como quienes habitualmente arriban en pateras, se aplicarían las reglas del mar y las convenciones internacionales de rescate, donde prima el derecho a la vida. Pero una vez en suelo español, serían detenidos, se les abriría un expediente de devolución y se les trasladaría a sus países. Si son expulsables y hay plazas en los CIE, Interior pide al juez una orden de internamiento y los inmigrantes son recluidos en esos centros hasta la devolución a sus países. Si en el grupo hay casos “especialmente vulnerables”, la vía CIE desaparece y son enviados al Programa de Atención Humanitaria. Y ese es el tuétano de la otra opción legal, la que parece que utilizará el Gobierno. Si las personas del Aquarius son acogidas por razones humanitarias, entrarán en el Programa de Atención Humanitaria, regulado por el Real Decreto 441/2007. Y, aunque el caso está siendo trabajado por seis ministerios, el pilotaje no será de Interior, sino de Empleo y Migraciones.Se dará a esas personas una acogida básica y puntual en Valencia. Luego, el Estado estudiará cada caso (también debe hacerlo con la otra opción) para detectar situaciones de vulnerabilidad. Si hubiera necesidad de protección internacional, podrían pedir asilo, para lo que se dispone de 18 meses. Otros serían alojados en los Centros de Atención Humanitaria, locales o pisos con libertad de movimientos, algo vetado en los CIE. Y otros perfiles, como enfermos o menores, serían enviados a centros especializados.