España da un salto de altura en su conquista de Bruselas. El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece el puerto de Valencia a los 629 migrantes bloqueados en el Mediterráneo por las negativas de Italia y Malta de dejarles atracar. La Comisión Europea calificó el paso de Madrid como ejemplo de solidaridad real. Aunque es una buena noticia para estos centenares de personas, no lo es tanto para la UE. El xenófobo Matteo Salvini, ministro de Interior italiano, se acaba de apuntar un tanto en su cruzada contra la inmigración.

La ONG Médicos Sin Fronteras expresó su preocupación por la posibilidad de que el buque tenga que desplazarse hasta Valencia ya que ello supondría reducir notablemente la capacidad de respuesta ante un posible nuevo naufragio. Además, “un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro”, señalaron.

El drama migratorio dibuja la agenda europea desde el verano de 2015, cuando el Viejo Continente vivió el mayor éxodo a sus fronteras desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, los partidos xenófobos y populistas han hecho de su discurso contra los refugiados una máquina de votos. En Francia, en Polonia, en Hungría, en Eslovenia, en Grecia o en Italia, el descontento social que forzó la crisis económica se ha canalizado en el odio a los diferentes. Una historia que nos suena. El problema es que el rumbo de esas políticas perfilan el futuro de miles de personas.

De momento son más de medio millar las que esperan una decisión para llegar a puerto fin. Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior italiano, lleva menos de una semana en el cargo. El ultra de la Liga no ha tardado en vociferar con hechos y palabras las consignas que le han llevado al poder de la mano del Movimiento 5 Stelle (M5S). “Italia no será el campo de refugiados de Europa” o “se acabó la buena vida de los inmigrantes” han sido sus primeras declaraciones como ministro y el domingo atacaba con hechos. “Puerto cerrado”, escribía a golpe de tuit acompañado de una foto suya sonriente, en la que anunciaba que no permitía llegar a sus costas al barco Aquarius de MSF que albergaba a 629 personas recién rescatadas del Mediterráneo.

El líder de la Liga advirtió de que no permitiría ningún desembarco más en tierras italianas y aseguraba hacerlo para frenar la inmigración ilegal. Italia pidió a las autoridades maltesas que acepten a los inmigrantes, a lo que Malta se negaba por el momento tras alegar que no se trata de un asunto de su competencia. “El Mediterráneo es el mar de todos los países con salida a él y no se puede ni imaginar que Italia continúe afrontando este fenómeno gigantesco sola”, apuntaba Roma. “El rescate se realizó en la Zona Libia de Búsqueda y Rescate (conocida como zona SAR) y fue coordinado por el Centro de Coordinación de Rescate de Roma, así que Malta no es la autoridad que ejerce jurisdicción sobre el caso”, contesta La Valeta. Según el Derecho Internacional, el país al mando de la región SAR debería establecer un puerto seguro para el desembarco, que normalmente es el suyo propio aunque no es imperativo. Es decir, en este caso le corresponde a Roma decidir. El problema es que Libia no cuenta con un centro de coordinación de rescate, aunque hay ciertos rumores de que podría encontrarse en el barco italiano Capri amarrado en el puerto de Trípoli y lo que podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE, ya que recordemos que Libia es más próximo a un Estado fallido que a uno funcional. Por eso, legalmente, los migrantes no podrían ser retornados a una Libia que tras la caída del dictador Muamar al Gadafi se ha convertido en una batalla abierta entre milicias, guerrillas y grupos terroristas.

En medio de este entramado legal y político con consecuencias humanas, la Comisión Europea ha urgido a encontrar una solución lo más rápido posible. “Hay un imperativo humanitario. Estamos hablando de personas”, señaló Margaritis Schinas, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria. Además agregó que Bruselas no puede interpretar el Derecho Internacional en una cuestión que pertenece además a los Estados miembros. El Derecho Marítimo también establece que el desembarco debe ser lo más urgente posible para proteger a las personas que viajan a bordo. Vicent Cochetel, enviado especial de ACNUR, advertía de que estos incidentes pueden presentar un precedente en el principio de rescate marítimo.

Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez daba luz verde para que el Aquarius atraque en el puerto de Valencia. Una decisión aplaudida por Joseph Muscat, primer ministro maltés, que recordaba que se trata de un asunto europeo. A la felicitación se ha unido Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración, que ha proyectado el paso de España como un ejemplo de “solidaridad de verdad puesta en práctica”. Si bien es una buena noticia para los centenares de personas que han pasado la noche a la deriva en el Mediterráneo, es un punto a favor del Gobierno italiano, que se ha salido con la suya. El movimiento marca además un precedente poco antes de que comience el verano y con él el aumento de embarcaciones que aprovechan las mejoras climatológicas. Sara Alonso, periodista de RNE a bordo del barco, ha recordado que se encuentran a 700 millas náuticas, por lo que tardarán “días” en llegar a puerto y no tienen comida para tantas horas.

La UE, en la encrucijada La solución que amadrinaron en 2015 la Comisión Europea y Alemania de crear cuotas de acogida en función de criterios objetivos para los Veintiocho fue en parche. Sin embargo, ha dividido enormemente a las capitales europeas desde entonces. El problema de la migración es que no es un asunto puntual. Está para quedarse y aumentará en las próximas décadas. Los Estados miembros son incapaces de sortear sus diferencias. El sur se siente abandonado a la deriva;el este forzado a responsabilizarse de unas personas a las que no quieren en su país;y el centro es incapaz de consensuar fuera de casa y defender el Welcome refugees dentro con el auge de la extrema derecha. Un caldo de cultivo que ha abonado el camino de gobiernos y partidos ultras a lo largo y ancho de la Unión Europea.

En dos semanas llega la cumbre de junio. Último encuentro de líderes europeos antes del parón estival. La “ambición” es desencallar la Reforma de Dublín, en coma durante 18 meses, y que establece que el país de llegada de un solicitante de asilo es el que debe gestionar el trámite. Un instrumento que ha colapsado Italia y Grecia y hastiado a los migrantes en las islas.