Más de 30 horas tuvieron que esperar 105 migrantes recién rescatados frente a Libia a que Italia diera permiso para una operación frecuente que solía ser fluida: el traslado a un barco mayor que los llevaría a tierra firme. El trasvase, del velero Astral de la ONG Proactiva Open Arms al Aquarius, de SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, requirió innumerables gestiones. El episodio —con otros roces e incidentes en los últimos meses— refleja la batalla de desgaste emprendida por el Gobierno italiano, con el apoyo de la Unión Europea, contra las ONG que aún rescatan migrantes en el mar. De fondo, el dilema que para Europa supone que miles y miles de africanos se jueguen la vida a diario para alcanzar Europa. Para dejar atrás desastres y miseria.
En un bando, los trabajadores humanitarios y voluntarios, que revindican su misión de salvar vidas; en otro, los buques italianos y de Frontex, cuya prioridad es vigilar la frontera (además de disuadir a los migrantes) sin obviar su deber legal de salvar al que esté en peligro de ahogarse. Carlos Ugarte, jefe de Relaciones Externas de MSF, lo expresa así: “El objetivo de las operaciones militares es que la gente no llegue, no que no se ahogue”. Y Europa “mientras, cierra sistemáticamente las vías legales (para inmigrar)”. Ugarte recalca que “esta es la primera crisis humanitaria en el mar. Durante mucho tiempo fue una crisis silenciosa, sin testigos”.

Los forcejeos entre el Centro de Coordinación Marítima de Roma —que ordena quién hace qué en cada rescate en el Mediterráneo Central y en qué puerto desembarcar— y las ONG se multiplican a medida que los guardacostas libios han ido asumiendo responsabilidades gracias al apoyo político, material y logístico europeo. La espera de 30 horas, la semana pasada, obedecía a que el Astral necesitaba un permiso británico (porque navega con esa bandera). Era la segunda vez que les hacían semejante demanda ante un trasvase. “Y la vez anterior el barco acabó confiscado”, explica Laura Lanuza, portavoz de la ONG española Proactiva Open Arms. El barco fue devuelto pero el de otra ONG sigue retenido.
La Italia del socialdemócrata Matteo Renzi emprendió una misión de rescate en 2013. La UE no solo se negó a compartir la factura (9 millones mensuales) sino que la acusó de generar un efecto llamada. Cuatro años después, el Gobierno (mismo partido, distinto primer ministro) miró a Libia al constatar que los otros países europeos se negaban a repartirse la creciente carga de recibir a los migrantes: las llegadas aumentaron 30 veces desde 2010. Rondaron las 120.000 en 2017. “El Ejecutivo estaba bajo una tremenda presión de la opinión pública, preocupada por el alto número de llegadas e influida por la propaganda populista, y con elecciones en el horizonte. Había calado la idea, no respaldada por los datos, de que los rescates de las ONG ejercían un efecto llamada”, explica Stefano Torelli, investigador del European Council on Foreign Relations (ECFR).
“Cada vez más a menudo nos dicen que nos quedemos en stand-by porque la Guardia Costera libia pide más y más responsabilidad. Y hay muchas situaciones confusas”, explica Aloys Vimard, director de proyecto de MSF, por teléfono desde el Aquarius. “Lo que queremos son reglas claras”, insiste. Otras ONG coinciden. “Pedimos saber cuál es el marco legal porque está visto que, si sigues la ley marítima internacional, acabas detenido. Parece ser que los acuerdos bilaterales están por encima de esa ley”, reclama la portavoz de Proactiva Open Arms. Dos de sus miembros, arrestados cuando el barco fue confiscado, son investigados en Italia por fomentar la inmigración ilegal. El ambiente cada vez más hostil ha hecho mella en las ONG. De los 13 barcos de rescate que llegó a haber en 2016, solo quedan cuatro y una avioneta.
El Gobierno italiano está satisfecho del acuerdo suscrito con Libia, con el primer ministro Fayez Serraj (del Gobierno reconocido por la ONU), en febrero de 2017 para prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de personas y reforzar la seguridad fronteriza; un pacto avalado por los Veintiocho. Les entregaron siete embarcaciones, Europa ha formado ya a unos 200 guardacostas del país norteafricano (una constelación de centros de poder político y militar más que un Estado operativo) y cada vez delegan más en ellos.

El resultado es evidente. Las llegadas a Italia se han desplomado. Y se han disparado los migrantes interceptados en aguas libias: más de 6.300 devueltos a tierra en lo que va de año. Una cifra notable si se compara con los 7.000 que en 2018 sí han logrado completar la travesía Libia-Italia.
Las llegadas a Italia han caído. Sí. Pero entretanto los ultras han triunfado a lomos del discurso xenófobo. El Movimiento 5 Estrellas y La Liga ganaron las elecciones. Como recuerda el experto Torelli, el primero prometió “expulsar a 600.000 irregulares y cerrar las fronteras” y el lema de campaña del segundo era “Italia no será el campo de refugiados de Europa”. Ahora negocian formar un Gobierno.

Con el tiempo, las ONG fueron ganando protagonismo en los rescates. En su primer año salvaron al 13% de los arribados a Italia, al 26% en 2016 y al 40% en 2017, según un recuento publicado en abril por Paolo Cuttitta, de la Universidad Vrije de Ámsterdam. En paralelo, los rescates a cargo de buques de Frontex o de países europeos fueron disminuyendo: el 50% en 2017 frente a un 76% en 2015. “Estas cifras sugieren que, sin las ONG, los barcos comerciales volverían a estar sobreexpuestos a las llamadas de auxilio”, sostiene Cuttitta.
Vimard, de MSF, recalca que Libia de ninguna manera es el puerto seguro que la ley del mar exige para dejar en tierra a los rescatados. “Nosotros siempre seguimos instrucciones ((del centro de coordinación)) pero de ninguna manera los vamos a devolver a Libia”, advierte Proactiva Open Arms. La Agencia de refugiados de la ONU (Acnur) no es tan tajante. Recuerda que no opera en el mar y se limita a instar a que los rescates “se hagan de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los derechos humanos, incluido el principio de no devolución”, según una portavoz. Libia interna a todo migrante en centros de detención infames.
El investigador Cuttitta sostiene en un artículo de Border Criminologies que, “con la actual reconfiguración del Mediterráneo, la UE persigue que Libia cree su propio centro de coordinación y asuma oficialmente la responsabilidad de los rescates ((en la zona que le correspondería de estar capacitada para ello y que ahora asume Italia)), lo que aumentaría los migrantes devueltos a la orilla sur del Mediterráneo y, mediante la campaña contra la ONG, busca minar el apoyo popular a las ONG, forzándolas a irse, para que reemplazarlos por los guardacostas libios sea moralmente aceptable”.

Italia conoció una crisis similar. Aunque de menor escala. En el Adriático. Miles de albaneses cruzaron hacia Italia en buques atestados en los noventa, tras el colapso de la URSS. Arribaron hasta 30.000 en un día. Italia llegó a imponer un bloqueo naval.

La posición italiana ha evolucionado a medida que aumentaban las llegadas, los ahogados y sus vecinos no le daban la solidaridad que demandaba. Espantada por dos naufragios que sumaron 400 muertos en octubre de 2013 en Lampedusa, Renzi lanzó la operación Mare Nostrum. Frontex tomó el relevo con sucesivas misiones: Tritón, Sophia y Themis con la notable diferencia de que la prioridad es la vigilancia, no el rescate.