Al ser consultado de forma cíclica por cómo ve desde la trinchera la evolución de los asentamientos, Estivill lo tiene claro: "Somos un grupo de vecinos, no nos nos dedicamos a hacer censos. Además, todas las estadísticas son mentira. El ayuntamiento tampoco sabe con exactitud lo que hay. Es imposible. En la zona del 22@ hay una docena de solares muy poco visibles, en los que una barraquita en un rincón es muy difícil de ver", señala el miembro de la Xarxa, quien pone sobre la mesa otra realidad aún más invisible y también muy extendida: las infraviviendas en pisos okupados. “De las 38 familias con las que trabajamos de forma regular, la mayor parte vive en este tipo de pisos”, prosigue. De los núcleos de barracas, atienden al situado tras los servicios funerarios, formado por unas seis familias rumanas de etnia gitana.

“Vienen también a buscar comida a la parroquia de Sant Pancraç grupos de jóvenes senegaleses que viven en infraviviendas en el Besòs”, continua. Les ofrecen un carro con 20 kilos de comida una vez al mes. Hasta donde llega una entidad pequeña como la suya, cuyo trabajo ha sido siempre más de denuncia que asistencialista.

Sobre el papel de los servicios sociales – la otra pregunta tan recurrente como obligada –  Estivill tampoco duda: “con los recursos de los que disponen no pueden hacer frente ni a la mitad de la mitad del problema”. “A veces a nosotros nos cuesta entender que puedan vivir así, pero entonces te cuentan que antes tenían que andar cinco kilómetros para ir a buscar agua a la fuente y ahora tienen la fuente a 300 metros y te desmontan”, concluye.

Fuentes municipales aseguran que la evolución del fenómeno "ha sido bastante estable, con una tendencia al alza". “Han desaparecido los grandes asentamientos y han ido apareciendo otros más pequeños y más dispersos”, prosigue la misma voz. El consistorio también señala un cambio de procedencia de las personas que habitan en ellos, en estos momentos principalmente de la Europa del Este. El aumento en los últimos dos años está claramente vinculado a fenómenos de expulsión del colectivo de personas gitanas de países cercanos como Francia e Italia y a reagrupamientos familiares. O desde otras ciudades: la teniente de alcalde Laia Ortiz ha sostenido hoy que municipios gobernados por el PDECat dan billetes de tren a Barcelona a los sintecho, en respuesta a la aprobación en la comisión municipal de Derechos Sociales de sendas propuestas del PDECat y Ciudadanos para incrementar los recursos para el plan contra el sinhogarismo.

En cuanto a las cifras – esas que Estivill coge con pinzas – la misma voz municipal calcula que en el 2017  – el último año cerrado –  había 68 asentamientos en los que vivían 444 personas (en el 2015, cuando el actual equipo de gobierno tomó el poder, se calcularon 50 asentamientos y 412 personas). El equipo de Colau reivindica también otro número: actualmente destinan 660.000 euros al año a atender esta realidad (lo que supone multiplicar por 2,4 los recursos destinados).

El gran terreno frente al Teatre Nacional en el que se extiende el hoy por hoy mayor núcleo de barracas del 22@ son en realidad dos solares. Uno, de propiedad municipal, denunciado por el gobierno de Colau y actualmente en los juzgados, pendiente de orden judicial. El otro, de propiedad privada para el que La Llave de Oro ha pedido licencia “para iniciar obras en breve”, fue desalojado por orden judicial hace unas semanas. La intervención, en la confluencia entre las calles de Pamplona y de Tánger, contó con la intervención de la Guardia Urbana y la presencia de los servicios sociales. A los pocos días, tal y como explicó ayer este diario, las chabolas volvían a estar allí. 

Como señala Milà, las personas – y la miseria –  no desaparecen por orden judicial.