Tienen permiso de conducir, número de la seguridad social y pagan sus impuestos, aunque oficialmente no existen. En EE.UU. son 12 millones. María Silvoso tiene 32 años, es licenciada en comunicación audiovisual y trabaja en una empresa de cátering en Nueva York. A pesar de que su nombre no figura en ninguna lista de la Hacienda norteamericana, el año pasado pagó más de 2.000 dólares en concepto de impuestos al erario del país. Como ella, millones de?inmigrantes ilegales engordan con sus tributos las arcas federales de EE.UU., en una de las mayores paradojas en este país.

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El pasado lunes, miles de personas se manifestaron en contra de la propuesta de ley HR4437, cuyo principal objetivo es criminalizar la inmigración, a la que considera una carga para el sistema público. Sin embargo, y según las últimas estadísticas publicadas por The New York Times , la realidad es bien distinta. En números, los denominados sin papeles aportan a la administración pública alrededor de 8.000?millones de dólares en contribuciones. Un dinero extra que el año pasado se traducía en un 10% de superávit para la seguridad social. «Ellos salen ganando de todas formas porque nosotros pagamos, pero no tenemos derecho a ningún servicio. Es el negocio redondo», asegura María, quien lleva más de cinco años cotizando a la administración estadounidense.
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Conocidos como los «impuestos sin fuente determinada», este tipo de contribución nació en el año 1986 después de la amnistía de Reagan. En aquel entonces, y a la vez que se legalizaban millones de inmigrantes, se endurecieron las normas para los empresarios, a quienes se obligó a declarar los sueldos de todos sus empleados y a pedir por lo menos dos identificaciones antes de contratar a alguien. «Así que no tienes más remedio que sacarte un número de la seguridad social, y, una vez que lo tienes, el carné de conducir». A ella el paquete completo le salió por 1.200 dólares, hace seis años: «Aunque en mi caso, mi social security es verdadero, porque me lo emitió alguien de la propia oficina después de cobrar el dinero». Más económico, y más extendida es la segunda opción, de tan sólo 60 dólares, que permite a cualquiera que se acerque al barrio de Queens obtener un número falso con el que poder trabajar.

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El «buen vecino»

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Más allá de la picaresca, este sistema de contratación está implantado en todos los negocios de EE.UU., donde los empresarios suelen hacer la vista gorda amparados en lo que se conoce como «política del buen vecino», en palabras de la colombiana Estrella Pascual, quien llegó a Manhattan procedente de Colombia hace más de nueve años». La frase significa que ellos se fían de ti, y si tú los engañas no es culpa suya. Además, al no estar conectadas las agencias con Emigración, no tenían problemas». Hasta ahora. Entre otras medidas, la nueva ley propone que los dueños de negocios deban comprobar la autenticidad de los datos que les aportan sus empleados. «Esto?supondría una ruina para la mayoría de los negocios, nosotros no queremos ser los policías», dice a La Voz Alberto Ferrufino, dueño de varios restaurantes en el área de Washington.

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De tendencia conservadora, por primera vez en la historia las asociaciones de empresarios se muestran en contra de una de las políticas elaboradas por el Partido Republicano. Pero tampoco la opción de la legalización propuesta por los demócratas parece convencerlos. «Este país lleva años potenciando la economía del?subestándar. La mayoría de las empresas han ganado cantidades millonarias gracias a explotar a los inmigrantes», contesta Gustavo Torres, director ejecutivo de la ONG Casa, cuando se le interroga por las razones de los empresarios para oponerse a la legalización.
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La realidad apoya su teoría: mientras el sueldo mínimo es de 5 dólares por hora, casi todos los inmigrantes no pasan de 2 dólares. «Y eso si te lo pagan», comentaba entre la multitud Michele Gonzáles el día de la convocatoria. Junto a él, más de 100.000 personas gritaron a voz en grito frente al Capitolio «Nosotros somos América». O, por lo menos, sus impuestos.