Un juez de Barcelona ha prohibido a siete militantes y simpatizantes del partido ultra Democracia Nacional acercarse a menos de 300 metros a la mezquita de Nou Barris de Barcelona. Los jóvenes están siendo investigado por promover, desde hace más de un año, “acciones hostiles” contra el colectivo musulmán del barrio y por “manipular” a los vecinos, que han organizado acciones de protesta contra la apertura del oratorio islámico.

A petición del fiscal especializado en delitos de odio, el juez ha dictado una orden de alejamiento contra siete personas investigadas por los delitos de incitación al odio, coacciones, discriminación y daños. La denuncia fue interpuesta por el imán y el vicepresidente de la comunidad islámica de Nou Barris después de que sufrieran distintos episodios de acoso por parte de personas vinculadsa al grupo ultra. Entre los investigados están el máximo responsables de Democracia Nacional en Cataluña y también de su rama joven, además de otros miembros y simpatizantes de la formación.

Los responsables de Democracia Nacional aprovecharon, según la fiscalía, la protesta de los vecinos contra la mezquita, ubicada en la calle Japón de Barcelona. Han intentado “manipular políticamente y exaltar a los vecinos” para “incrementar la frecuencia y la intensidad” de esas protestas. Su objetivo, sigue el fiscal, es generar “sentimientos de odio y hostilidad” hacia los musulmanes y “amedrentar” a la comunidad islámica del barrio.

Al menos desde abril de 2017 aparecieron carteles contra el oratorio y alusiones a Democracia Nacional. La denuncia y la posterior investigación policial permitieron acreditar la participación de varios militantes del partido ultra en las acciones de hostigamiento. En concreto, las imágenes de las cámaras de seguridad del local permiten ver a los investigados haciendo pintadas y causando daños en el oratorio; también, exhibiendo símbolos contra la religión islámica. Los investigados ya han comparecido ante el juez; algunos de ellos se han acogido a su derecho a no declarar.

El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, Ignacio Sánchez, también ha acordado a petición de la fiscalía cerrar diversos perfiles en redes sociales (Twitter, Facebook) de los investigados, que servían como plataforma para promover el odio a los musulmanes.