EL reciente incendio de un taller textil ilegal en pleno centro de Buenos Aires, en el que murieron atrapados dos adultos y cuatro niños, todos ellos bolivianos, ha destapado la realidad de las migraciones internas que se producen en Latinoamérica.
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En los últimos cinco años han sido veinticinco millones los latinoamericanos que han abandonado sus países de origen en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Este dato ilustra, por sí solo, la gravedad de la situación económica y laboral en la que se encuentran numerosos países del otro lado del Atlántico.
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La emigración más importante, y por tanto más conocida, es la que se dirige hacia Estados Unidos y Europa – especialmente España – . Pero también es sumamente relevante la afluencia de emigrantes hacia Argentina, Brasil, Costa Rica y Venezuela procedentes de países del mismo continente en peor situación económica, como son Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Los emigrantes sin papeles en Latinoamérica se cuentan por cientos de miles, aunque a las autoridades les resulta difícil concretar cifras. Sólo en Argentina podrían estar residiendo unos tres millones de trabajadores extranjeros sin la documentación en regla.
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Los movimientos migratorios internos en el continente americano, donde no existe la barrera del idioma, salvo en Estados Unidos y Canadá, pueden llegar a ser positivos para el desarrollo de la región en su conjunto, en la medida en que facilitan la autorregulación del mercado laboral global y propician la transferencia de recursos entre unos estados y otros a través de las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen, que son cada vez más importantes. Ese fenómeno se produce en paralelo a los diversos y reiterados intentos de reducir barreras arancelarias para fomentar el intercambio comercial del que en un futuro lejano debe ser el gran mercado común latinoamericano.
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Pero, dicho lo anterior, resultan lacerantes las informaciones que llegan sobre el estado de explotación y discriminación que sufren estos emigrantes en su propio continente. Al respecto, los informes de la Cepal señalan que, además, se enfrentan a una serie de dificultades derivadas del racismo y la xenofobia, ya que parte de esta mano de obra itinerante es de procedencia indígena o de raza negra. Un problema, desgraciadamente, no exclusivo de Latinoamérica.
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Estamos en una era de grandes migraciones, como ha reconocido esta misma semana la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, que indica que más de 191 millones de personas viven en un país distinto al suyo. Los movimientos de población, en general, siempre han sido un factor de progreso no exento de injusticias. Pero en pleno siglo XXI hay que exigir a los gobiernos y autoridades de los diversos países que velen por que el proceso se desarrolle con el máximo respeto a los derechos humanos. Los procesos de regularización de la mano de obra inmigrante, como recientemente se ha hecho en España, son el mejor camino. Argentina estudia abrir un proceso similar para un millón de sin papeles y Estados Unidos está en pleno debate sobre si hace lo propio con doce millones de trabajadores indocumentados.
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