El presidente de la ONG Proem-Aid, Onio Reina, afirmaba hace unos días que una condena habría sido «un aviso a navegantes», un modo de «criminalizar» a quienes ayudan a los refugiados. El mismo sentido tenía el escrito que enviaron al Parlamento Europeo, respaldado por 150.000 firmas. Manuel, Julio y Quique no son los únicos. Según el Instituto de Relaciones Raciales, 45 activistas han sido detenidos o procesados en países de Europa acusados de tráfico ilegal de personas. Los últimos, los miembros de la ONG Proactiva Open Arms, en Sicilia, y la activista Helena Maleno, en Marruecos. El Gobierno central, que niega la acusación de la almeriense de estar detrás de su persecución judicial, se ha mostrado en cambio muy cercano a los bomberos sevillanos. A la vista de ayer acudieron arropados por el cónsul español en Atenas y por representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, la presidenta andaluza, Susana Díaz, y los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Podemos, Pablo Iglesias, expresaron su respaldo a través de las redes sociales. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, consideró «un error» este juicio y apostó por invertir más dinero en los países emisores de migrantes y en su integración en Europa.