El número de pensiones ha rebasado sobradamente ya la cifra de ocho millones – 8,099 millones en diciembre – , tras recuperar durante el año pasado el fuerte ritmo de crecimiento de la década de los años noventa, que se había visto frenado durante los últimos seis años como consecuencia de la llegada a la edad de jubilación de las exiguas generaciones nacidas durante la Guerra Civil y años posteriores. En 2005, la cifra de pensiones, en media anual, creció en 101.100, lo que significa un alza del 1,3% sobre las existentes en 2004. Se trata del mayor crecimiento desde 1999 y pone sobre el tapete una vez más el complicado futuro del sistema público de pensiones y las reformas necesarias para hacerlo viable.

Este fuerte incremento se suma al alza de la pensión media, que tuvo el pasado año una de las variaciones más elevadas de la última década, con un 5,7%. Sumadas ambas circunstancias arrojan un incremento del gasto en pensiones durante el pasado año de aproximadamente el 7%, una cifra récord que elevó el desembolso del sistema hasta cerca de los 70.000 millones de euros.

El mantenimiento de los sistemas públicos de pensiones a largo plazo es uno de los grandes problemas que tienen planteadas las sociedades occidentales y las cifras de crecimiento del gasto que representa el español mantienen encendidas las luces de alarma de un sistema al que periódicamente organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea recuerdan la inevitabilidad de introducir reformas. Esta es una recomendación del Pacto de Toledo, acuerdo de los grupos políticos españoles sobre la materia, que el Gobierno negocia en la actualidad con los agentes sociales.

Pero la realidad es que en la actualidad la Seguridad Social mantiene una situación financiera envidiable, que se mantendrá a medio plazo. Con un superávit situado en torno al 1% del PIB, la incorporación masiva de inmigrantes al mercado de trabajo – en torno a un millón en sólo tres años – y de la mujer – también un millón más de 2002 a 2005 – han retrasado a la década de los años 20 la previsible crisis del sistema, cuando hasta hace poco se preveía para el año 2015.

Negociaciones

La reforma del sistema de pensiones es objeto de debate en una de las mesas del diálogo social, aunque las noticias que han trascendido hasta la fecha apuntan que no deben esperarse grandes cambios en esta ocasión.

Por un lado, ni siquiera se ha debatido una de las medidas que aconsejan los expertos y defiende CC OO, que es la de computar toda la vida laboral para fijar la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión, frente a los quince años – los últimos cotizados – que se tienen en cuenta en la actualidad. La oposición de UGT a fijar cambios en este requisito ha sido determinante para aplazar reformas en esta línea.

Sí parece haber acuerdo entre Gobierno, patronal y centrales en ‘encarecer’ ligeramente el acceso a la pensión, ya que será necesario tener quince años efectivamente cotizados para ello, cuando hasta ahora era suficiente con 12,5 años, al computarse como tiempo cotizado el correspondiente a las pagas extraordinarias.

Están aún por conocer los cambios en las prestaciones de viudedad, que se auguran muy importantes. La necesidad de reformar este tipo de pensiones es algo que comparten todos los interlocutores sociales. Por el contrario, Gobierno y sindicatos discrepan radicalmente sobre las fórmulas de jubilación anticipada, incluida la parcial. Mientras el Ejecutivo quiere reducir las posibilidades existentes, por su alto coste, desde las centrales se apuesta por seguir manteniéndolas vivas.