“Para conseguir los papeles te piden un año de contrato, pero para conseguir un contrato te piden los papeles, es así de simple”. Así describe la vida de las personas en situación irregular Pedro Molinas, un venezolano que lleva ocho años en Barcelona y que desde el sábado por la tarde está encerrado en la antigua escuela Massana, en el barrio del Raval, para protestar contra la situación en la que se encuentra este colectivo y para pedir la derogación de la Ley de Extranjería.

El laberinto burocrático al que aterrizan las personas migrantes que buscan nuevas oportunidades es también, según lamentan los afectados, una barrera social. La administración no los tiene en cuenta, no salen en las estadísticas, no los regulariza. Es el caso de empleadas del hogar, jornaleros o manteros que trabajan en negro y viven con el miedo a ser detenidos e ingresar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o ser expulsados.

Unas cincuenta personas migrantes y refugiadas – que representan a unos 20.000 en Barcelona, según sus cálculos – decidieron el sábado dar un paso al frente ante lo que consideran “racismo institucional”, y ocuparon unas instalaciones de la antigua escuela de arte Massana. El Ayuntamiento ha abierto una vía de diálogo con los activistas para determinar el futuro de la protesta en el edificio municipal.

El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau extiende desde el pasado mes de diciembre un carnet que acredita el arraigo de las personas en situación irregular, y que les permite evitar el CIE, pero los activistas no lo ven suficiente, y piden más gestos, sobre todo por parte del Gobierno central. No tener un DNI español, explican, impide tener el padrón, la misma cobertura sanitaria que las personas con nacionalidad española o las mismas oportunidades laborales. “Yo llevo diez años en Barcelona, y sí, puedo pedir la nacionalidad haciendo un examen, pero no tengo tiempo de estudiar, y luego tienes que esperar al menos tres años para que te digan si eres apto o no”, lamenta Almas, un pakistaní que recuerda que, además, para cada gestión tienes que pedir un certificado de penales en el país de origen. “¡Si yo vivo aquí! ¿Cómo voy a delinquir, a distancia?”, se queja.

El laberinto burocrático tiene también un impacto en la salud de las personas. Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona y por la Universidad Pompeu Fabra afirma que la mortalidad entre las personas en situación irregular aumentó de media un 15% desde que, en 2012, se aprobara la ley que deja sin cobertura sanitaria a los sin papeles. 

“Hemos decidido encerrarnos aquí hasta que se derogue la Ley de Extranjería”, dice Natalia, que desde el 2 de abril participa en asambleas para reivindicar los derechos de los migrantes. El colectivo retoma con esta acción los encierros en distintas iglesias de Barcelona con los que los sin papeles protestaron en distintas ocasiones en la década de los 2000, y la última el pasado diciembre.

“Gracias a esos encierros se agilizó el tema del padrón y conseguimos cosas, pero todo es poco: las leyes son muy rígidas y criminalizan a la migración”, asegura Enrique, un veterano de las protestas. El venezolano Andrés Álvarez confía en el poder de las redes sociales para dar a conocer su situación: “Estoy seguro de que el mensaje llegará”.