La Corte Suprema ha restringido la obligatoriedad de deportar a los inmigrantes que hubiesen sido condenados por algunos delitos menores, al invalidar una parte de la ley federal que la decretaba. Según estableció el alto tribunal, la norma es excesivamente vaga como para ser interpretada de esa manera, de acuerdo con la resolución adoptada, por 5 votos a 4. El fallo, que supone un revés para la dura política antiinmigración impulsada por Donald Trump, se decantó en contra de sus intereses al coincidir en su con los jueces liberales Neil Gorsuch, el último magistrado que ingresó en el alto tribunal, a propuesta del presidente, considerado uno de los más conservadores.

La resolución se produce en torno al caso de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992, cuando tenía trece años, y que fue condenado años después por dos delitos de robo en California. El Gobierno inició los trámites de deportación a pesar de que no había habido daños a terceros en sus delitos. Su interpretación se basaba en que según la ley de inmigración, podía deducirse que se trataba de un caso de violencia agravada. El Supremo desmonta esta tesis al concluir que un robo, aunque sea con entrada en domicilio ajeno, no implica un acto de violencia agravada si no hay daños a terceros.

El fallo de la Corte Suprema da la razón al tribunal federal de apelaciones de San Francisco que, con antelación, había anulado la misma parte de la norma legal por similares razones. A su vez, el tribunal federal había dejado sin efecto también en 2015 otro capítulo de la ley que imponía penas de prisión más largas a criminales reincidentes. El caso llegó al alto tribunal en enero de 2017, cuando sus integrantes se habían reducido a ocho, tras el fallecimiento del conservador Antonin Scalia. El consiguiente empate a cuatro lo mantuvo bloqueado.

El momento adecuado
La decisión del alto tribunal, que constituye una restricción expresa a la interpretación de la ley que realizan los agentes de inmigración, adquiere especial relevancia en un momento en que la Administración Trump ha endurecido su política con el objetivo de expulsar del país a todos los inmigrantes que tengan tras de sí un historial delictivo o que cometan algún delito. Entre las medidas más recientes para facilitar la expulsión de indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera con México, el presidente firmó hace apenas dos semanas un memorándum por el que quedaba anulada el llamado «catch and release» (cacheo y liberación). Un procedimiento por el cual un inmigrante sin papeles no podía ser retenido hasta que la Justicia decidiera sobre su situación. Con la nueva política de la Administración Trump, los detenidos podrán ser llevados a centros de retención junto a la frontera, a la espera de hacer efectiva una rápida deportación. Sin embargo, es tal la escasez de camas en algunos de esos centros, que la nueva política puede poner en apuros su aplicación efectiva.

La resolución de la Corte Suprema también tiene una evidente lectura política. Por primera vez desde su llegada a la Corte Suprema, hace un año, el juez Neil Gorsuch se ha alineado con las tesis de los jueces liberales. Que el magistrado propuesto por Trump, precisamente para congraciarse con los más conservadores, haya decantado la balanza en su contra, constituye un doble varapalo.