Un juez de Barcelona ha admitido la denuncia de un joven de origen marroquí, M.E., por una supuesta agresión racista que sufrió por parte de dos agentes de los Mossos d’Esquadra. El joven ha denunciado que el pasado mes de febrero, cuando volvía de trabajar de madrugada de un restaurante del Puerto Olímpico, los policías le pararon para que se identificara y le retuvieron. Uno de ellos le habría dicho “morito, eres un listillo”, tras lo que habría seguido una sucesión de empujones. La denuncia del joven añade que los agentes lo lanzaron al suelo, donde le habrían propinado varios golpes y patadas en todo el cuerpo, incluida la cara.

La versión de los Mossos d’Esquadra difiere de la del denunciante. Se reconoce que M.E. fue agredido, pero no por los agentes. Según una diligencia policial aportada a la causa –es la que ha permitido a la acusación identificar a dos agentes–, el joven fue requerido por los policías como “sospechoso” de haber robado a un turista. El documento policial, fechado tres días después del día de los hechos, añade que los agentes informaron al joven de que sería denunciado por amenazarles, ya que se mostró “muy agresivo”.

“Minutos más tarde –continúa el atestado– los agentes encontraron a una persona tendida en el suelo cerca de la zona de intervención policial anterior, pudiendo comprobar que se trataba de M.E, quien presentaba un fuerte golpe en la cara”. El documento añade que el joven intentó dar un golpe a uno de los agentes, agresión que M.E. niega.

El juzgado de instrucción 30 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia del joven por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral con la agravante de racismo. Entre las diligencias acordadas por el juez, figuran la aportación a la causa de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las oficinas de la Torre Mapfre y de una oficina bancaria cercana al lugar de los hechos. El magistrado también ha requerido a la División de Asuntos Internos de los Mossos que identifique a la unidad antidisturbios y a los agentes que la formaban la noche de la supuesta agresión.

El joven fue atendido la misma noche de los hechos por el Servicio de Emergencias Médicas y fue trasladado en ambulancia al Hospital del Mar. Allí se le evaluó físicamente y se le retiraron dos dientes incisivos. En el informe de urgencias se describen policontusiones en la cabeza, fractura de los huesos nasales y una fisura en el maxilar superior.

A consecuencia de las lesiones, el joven ha terminado con la nariz deformada y sin dos dientes, lo que ha provocado que pierda su empleo de camarero al tratarse de un trabajo de cara al público, según ratificó M.E. en sede judicial. El joven presenta además secuelas psicológicas como ansiedad e insomnio.

El caso de M.E. forma parte del informe anual sobre violencia institucional –la ejercida desde los poderes públicos– que presenta este jueves en Barcelona el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia. En años anteriores el centro ha presentado casos como el del mantero de Barcelona que denunció haber recibido una patada por parte de un agente de la Guardia Urbana y que se encuentra pendiente de juicio.

El informe también tiene un apartado de recomendaciones y solicitudes en el ámbito de los derechos fundamentales para distintos actores, como la Fiscalía, los jueces y las administraciones públicas. En el caso de los Mossos, Iridia solicita a la conselleria de Interior mecanismos “eficaces” de interlocución con las entidades de derechos humanos, así como la creación de protocolos específicos para actuar “con la celeridad suficiente para poder preservar las pruebas” en casos donde se investigue a agentes de la policía catalana.

Asimismo, reclama la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la División de Asuntos Internos de la policía catalana para poder llevar a cabo las funciones de policía judicial en casos que afecten a agentes. Se pide también que los agentes que estén investigados en casos de violencia institucional sean apartados de sus funciones temporalmente.

El informe reclama a todas las policías instrucciones internas que prohíban los controles “basados en perfiles étnicos” y estudios periódicos sobre casos de racismo en los cuerpos policiales. Y recuerda la obligación, tal y como han determinado el Constitucional y las directivas europeas, de que los cuerpos policiales informen a un detenido de las pruebas contra él y a proporcionar el acceso a los documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye materialmente la detención.