Un centenar de inmigrantes han iniciado una huelga de hambre en un centro de Japón donde se encuentran retenidos tras el suicidio de otro recluso a raíz de su prolongada detención y de supuestos abusos, anunció hoy una ONG de apoyo a este colectivo.

La protesta tiene lugar en el centro de detención de Ushiku, en la prefectura de Ibaraki (norte de Tokio), que ya fue escenario de otra huelga de hambre el año pasado después de que fallecieran varios ciudadanos extranjeros reclusos a quienes se había denegado atención médica, según la Asociación para la Liberación Provisional.

Esta y otras ONG locales han denunciado repetidamente las condiciones en que se retiene a los extranjeros indocumentados en el país asiático, que incluyen su encierro prolongado en reducidas celdas sin ventanas y otras formas de “maltrato psicológico”, explicó a Efe Mitsuru Miyasako, director de la citada asociación.

Más de un centenar de inmigrantes se ha sumado a una huelga de hambre iniciada el domingo en un sector del centro de detención de Ibaraki y posteriormente extendida a gran parte del mismo, en el que se encuentran actualmente 334 extranjeros retenidos.

Los participantes, entre ellos ciudadanos de Perú, Filipinas, China, la India, Sri Lanka, Camerún, Tanzania o Irán, reclaman una mejoría en sus condiciones y protestan por los períodos de detención que se suelen prolongar hasta 2 o 3 años, según Miyasako.

El suceso desencadenante de la protesta fue el suicido la semana pasada de un interno de nacionalidad india, después de que su solicitud de liberación fuera denegada tras un año intentando abandonar el centro de detención, explicó este abogado que visita habitualmente dichas instalaciones para ofrecer consejo jurídico.

Un portavoz del centro de detención confirmó a Efe este suceso y que se está produciendo la huelga de hambre aunque evitó dar detalles del número de participantes, y señaló que se está tratando de convencer a los internos de que accedan a alimentarse para evitar problemas de salud.

En 2017 había unos 3.600 inmigrantes detenidos en Japón por entrar de forma irregular en el país, tener sus visados expirados o a la espera de ser repatriados tras haber cometido algún delito en territorio nipón, según datos de la citada asociación.

Muchas de estas personas han residido en el país asiático durante una o dos décadas y cuentan con familia y descendencia en Japón, lo que dificulta su regreso a sus países de origen.

Habitualmente son detenidos por no tener la documentación en regla y recluidos de media entre 2 y 3 años, antes de ser liberados provisionalmente y detenidos de nuevo si no abandonan el país por sus propios medios, unas condiciones que han sido criticadas también en varios informes del Comité de la ONU contra la tortura.