La ONG catalana Proactiva Open Arms se muestra optimista con la sentencia del juez de Ragusa (Italia) que este lunes decretó la liberación del barco Open Arms, inmovilizado en Sicilia desde hace un mes, y que “no ve apariencia delictiva respecto al favorecimiento de la inmigración ilegal” por parte de la organización, aunque resta la disposición de la fiscalía, que sigue investigando a la ONG por si aprecia posibles delitos. “Estamos obligados a ser prudentes porque la fiscalía de Ragusa sigue investigando al capitán por tráfico de personas y la fiscalía de Catania investiga la organización por grupo criminal”, reconocía uno de los abogados de Proactiva Open Arms, Eduard Aguayo, ayer martes en rueda de prensa. También explicó que este proceso de investigación puede durar seis meses, prorrogables a un año, pero la sentencia “es reveladora porque reconoce que Libia no tenía los medios ni el centro de coordinación necesarios para ser un puerto seguro y que entregarles los inmigrantes rescatados hubie-ra supuesto ir en contra de la convención de los derechos humanos”.

Y consideró que “si en la sentencia del juez de instrucción se recoge que Libia no era un lugar seguro y que la obligación del capitán era salvar vidas, va a ser muy difícil ver un delito penal”, además de remarcar que se ha reconocido que un helicóptero que sobrevoló la zona constató amenazas e intimidación con armas de grupos libios hacia la tripulación.

La actual investigación se basa en el último rescate de la ONG realizado en marzo, en el que se negó a entregar a 216 inmigrantes rescatados a una patrulla de la guardia costera libia, que posteriormente apareció en la zona.

El abogado de la organización, Jaime Rodrigo, también explicó que las investigaciones de la fiscalía de Catania no son un caso aislado ya que “forman parte de una causa general contra las distintas organizaciones humanitarias que han estado trabajando durante los dos últimos años en el Mediterráneo”.