El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha recriminado a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que antepongan las leyes migratorias a las necesidades de protección y servicio de los niños solicitantes de asilo, lo que contravendría las obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El informe ¿Protegidos sobre el papel?, elaborado a partir de una investigación del Centro de Investigaciones Innocenti de Unicef, pone en cuestión el cumplimiento de los protocolos humanitarios en los países nórdicos y el riesgo que conlleva para los menores de edad, tanto a nivel burocrático como de servicios básicos.

El estudio se basa en análisis legales, evaluación práctica de los procedimientos y entrevistas con expertos y plantea, entre otras conclusiones, que son en muchos casos los funcionarios de inmigración quienes terminan tomando decisiones clave en materia de atención a los niños, en lugar de especialistas en protección infantil. El interés superior del niño, por tanto, no queda siempre garantizado, ni se aplica siempre la misma evaluación para todos los menores que solicitan asilo.

Asimismo, el análisis ha permitido identificar una tendencia por parte de los servicios locales a coordinar, comunicar y aplicar los principios y normas nacionales de una manera deficiente, según un comunicado de Unicef, que insiste en la defensa de la tutela como “mecanismo clave” de protección para personas vulnerables.

“En algunos casos no hay cortafuegos suficientes entre el sistema de tutores y los servicios de inmigración. Las entidades de protección infantil deberían impulsar el establecimiento de procedimientos claros para reclutar, formar, supervisar y dar apoyo a los tutores”, subraya la agencia en su nota.

Unicef también echa en falta que los niños solicitantes de asilo tengan oportunidad de que sus voces sean escuchadas, como sí ocurre en términos generales cuando se trata de la infancia en los países nórdicos. Se han dado casos de detención en breves periodos o devoluciones a la fuerza con las familias. En materia de atención médica, el alcance total de los servicios varía “ampliamente” en función de los distintos países y regiones, lo que contribuye a que “los derechos no siempre estén claros para los pacientes ni para los médicos”, mientras que “las barreras legales y administrativas” lastran la incorporación de los niños inmigrantes al sistema educativo.

La directora del Centro de Investigaciones Innocenti, Sarah Cook, advirtió de que los casos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia representan “un poderoso recordatorio que debe tomarse muy en serio el compromiso de proteger los derechos de todos los niños, independientemente de su estatus migratorio”, habida cuenta sobre todo de que los países nórdicos poseen “una gran repetición” en DDHH.