La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, informó ayer de que se ha suspendido el pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 240 beneficiarios pakistaníes por presentar un documento de bienes de su país que “es falso”.

La consejera compareció en el Parlamento Vasco a petición del PP para informar de las presuntas falsificaciones de documentación para obtener ayudas sociales después de que en diciembre de 2017 la Policía Nacional desarticulara un grupo organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos pakistaníes con el objeto de obtener la RGI y ayudas de la Diputación de Gipuzkoa (AGI) y que podría haber defraudado más de 3,8 millones de euros.

Tras destaparse ese presunto fraude el director de Lanbide, Borja Belandia, anunció que estaban revisando todos los expedientes de perceptores de la RGI de nacionalidad pakistaní.

Según detalló ayer Artolazabal, en la revisión que se ha hecho se han detectado 626 expedientes de solicitudes de RGI que incluían un documento que acreditaba que la persona no tenía bienes en Pakistán y que el Gobierno pakistaní ha indicado que “es falso”. En la actualidad un total de 240 expedientes han sido suspendidos y se investiga la situación del resto, ya que algunos podrían no estar recibiendo ayudas en estos momentos, según precisaron fuentes del departamento que dirige Artolazabal.

La consejera también quiso ser “prudente” para determinar la legalidad o ilegalidad de los expedientes analizados porque en años anteriores y en situaciones similares se suspendieron 90 expedientes de ciudadanos pakistaníes por usar pasaportes falsos y antes de celebrarse el juicio se llegó a un acuerdo entre defensas y Fiscalía y se “tuvo que reanudar” la prestación a “todas las personas”. También precisó que habrá que esperar a la sentencia judicial que declare falsos los documentos para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado.

La consejera explicó que el origen de la operación que finalizó con la desarticulación de la presunta trama delictiva comenzó en 2014 cuando en una oficina de Lanbide en Araba se observó documentación que podría estar falsificada. Se comunicó a la Ertzaintza y la Policía Nacional inició sus investigaciones al detectar asimismo un “movimiento importante” de pakistaníes hacia Gipuzkoa.

Así, añadió que fue la Policía Nacional la que les comunicó que tenían un informe con fecha 30 de marzo de 2016 del Gobierno de Pakistán que indicaba que un documento de bienes que algunos nacionales estaban presentando en sus solicitudes para las ayudas sociales era “falso”.

Artolazabal precisó que ese mismo año comenzaron a suspender cautelarmente expedientes presentados por ciudadanos pakistaníes.

En la operación, que se saldó entonces con 186 detenidos, se conoció que Beasain era su centro de operaciones para falsificar los documentos, aunque la red operaba desde Pakistán, desde donde traían a inmigrantes ilegalmente al País Vasco para cobrar las ayudas. Así accedieron a la Renta de Garantía de Ingresos que otorga el Gobierno Vasco a través de Lanbide con requisitos como tres años de empadronamiento efectivo en la CAV actualmente en reforma o la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), creada por el Gobierno de Bildu en Gipuzkoa y que el actual Gobierno foral sustituyó por el programa Elkar Ekin de inclusión social.

Formación a trabajadoresLa consejera destacó el alto número de revisiones de expedientes de RGI que realiza Lanbide, que han pasado de 33.167 en 2012 a un total de 132.106 en 2017. También recalcó la importancia de la interoperabilidad entre administraciones para hacer frente a una posible falsificación e indicó que Lanbide ha hecho 4,4 millones de transmisiones de datos en 2017. Otro elemento importante es la formación. La consejera explicó que en 2015 se organizó en colaboración con la Ertzaintza un curso de falsedad documental dirigido a trabajadores de Lanbide. En él participaron 56 personas que cubrieron todas las oficinas de este servicio en Euskadi.

Finalmente, habló de la apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la gestión y el control, como la huella digital que en abril entrará en funcionamiento en 10 oficinas de Lanbide, y valoró el papel de la RGI para la cohesión y el bienestar social.