La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha informado hoy de que se ha suspendido el pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 240 beneficiarios paquistaníes por presentar un documento de bienes de su país que “es falso”.

GASTEIZ. La consejera ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición del PP para informar de las presuntas falsificaciones de documentación para obtener ayudas sociales después de que en diciembre de 2017 la Policía Nacional desarticulara un grupo organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con el objeto de obtener la RGI y ayudas de la Diputación de Gipuzkoa y que podría haber defraudado más de 3,7 millones de euros.

Tras destaparse ese presunto fraude el director de Lanbide, Borja Belandia, anunció que estaban revisando todos los expedientes de perceptores de la RGI de nacionalidad paquistaní.

Según ha detallado hoy Artolazabal en la revisión que se ha hecho se han detectado 626 expedientes de solicitudes de RGI que incluían un documento que acreditaba que la persona no tenía bienes en Pakistán y que el Gobierno paquistaní ha indicado que “es falso”.

En la actualidad un total de 240 expedientes han sido suspendidos y se investiga la situación del resto, ya que algunos podrían no estar recibiendo ayudas en estos momentos, según han precisado fuentes del departamento que dirige Artolazabal.

La consejera también ha querido ser “prudente” para determinar la legalidad o ilegalidad de los expedientes analizados porque en años anteriores y en situaciones similares se suspendieron 90 expedientes de ciudadanos paquistaníes por usar pasaportes falsos y antes de celebrarse el juicio se llegó a un acuerdo entre defensas y Fiscalía y se “tuvo que reanudar” la prestación a “todas las personas”.

También ha precisado que habrá que esperar a la sentencia judicial que declare falsos los documentos para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado.

La consejera ha explicado que el origen de la operación que finalizó con la desarticulación de la presunta trama delictiva comenzó en 2014 cuando en una oficina de Lanbide en Araba se observó documentación que podría estar falsificada.

Se comunicó a la Ertzaintza y la Policía Nacional inició sus investigaciones al detectar asimismo un “movimiento importante” de paquistaníes hacia Gipuzkoa.

Así ha añadido que fue la Policía Nacional la que les comunicó que tenían un informe con fecha 30 de marzo de 2016 del Gobierno de Pakistán que indicaba que un documento de bienes que algunos nacionales estaban presentando en sus solicitudes para las ayudas sociales era “falso”.

Artolazabal ha precisado que ese mismo año comenzaron a suspender cautelarmente expedientes presentados por ciudadanos paquistaníes.

La consejera ha puesto en valor las labores de control de Lanbide pero también ha indicado que hay competencias que no son suyas, como lo relacionado con la acreditación de la falsedad de la documentación.

Ha destacado el alto número de revisiones de expedientes de RGI que realiza Lanbide, que han pasado de 33.167 en 2012 a un total de 132.106 en 2017.

También ha recalcado la importancia de la interoperabilidad entre administraciones para hacer frente a una posible falsificación y ha indicado que Lanbide ha hecho 4,4 millones de transmisiones de datos en 2017.

Otro elemento importante es la formación. La consejera ha explicado que en 2015 se organizó en colaboración con la Ertzaintza un curso de falsedad documental dirigido a trabajadores de Lanbide. En él participaron 56 personas que cubrieron todas las oficinas de este servicio en Euskadi.

Finalmente ha hablado de la apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la gestión y el control, como la huella digital que en abril entrará en funcionamiento en diez oficinas de Lanbide, y ha valorado el papel de la RGI para la cohesión y el bienestar de la sociedad.

A fecha de 28 de febrero hay un total de 106.269 perceptores de la RGI y según ha informado el Departamento de Artolazabal el fraude se sitúa en 0,9 %.