Las Palmas de Gran Canaria

Al proseguir el análisis del fenómeno inmigratorio en Canarias, conviene tener presente que la inmigración crea riqueza. De hecho, de todas las grandes economías industriales del mundo, tan sólo la japonesa carece de una aportación significativa del esfuerzo de los inmigrantes. Ahora bien, si la riqueza que aportan los inmigrantes se crea en un contexto de ilegalidad, explotación laboral y privación efectiva de derechos, esa riqueza irá a parar en buena medida a los sectores más adinerados. Y creará malestar en cuanto sea percibida como responsable del deterioro de las condiciones laborales e incentivadora de desigualdades socioeconómicas. Pero si los inmigrantes no son explotados y se les trata debidamente, generarán una riqueza mejor repartida y no serán utilizados para degradar el medio laboral. En este último caso, será muy dificil que la inmigración genere xenofobia.

Sin embargo, vivimos en un país que ha utilizado a los inmigrantes para mantener devaluadas las condiciones de determinados sectores laborales. Los trabajadores extranjeros cobran entre un 30% y un 40% menos que los españoles. El 65% de los extranjeros empleados se concentran en ocho ramas laborales, en las que sólo se halla el 26% de los españoles ocupados. Entre esas ocho ramas destacan el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y la agricultura. Hace dos años, UGT señalaba la existencia de más de 850.000 inmigrantes irregulares en España y definía la última legislatura del Gobierno del Partido Popular como «la de la expansión consentida del trabajo ilegal». Esto «ha extendido una enorme bolsa de precariedad laboral, de fraude, de bajas retribuciones, de ausencia de los más mínimos derechos laborales y de protección». La intensidad de los flujos migratorios extracomunitarios hacia Canarias se explica, en buena medida, por el proceso de degradación laboral en curso. Un documento del Gobierno de Canarias destaca el caso de Fuerteventura y recuerda que, en 1999, los inmigrantes dieron cuenta del 85% de los contratos laborales firmados en esa isla. La causa de esta elevada proporción de inmigrantes «puede estar en parte relacionada con una escasa propensión de los canarios a la movilidad interinsular, obstaculizada por circunstancias familiares y por las dificultades de vivienda y servicios sociales, pero exponente también de una negativa a trabajar y vivir en su propia tierra en las ilegales condiciones laborales y de habitación a que se ven ocasionalmente forzados los inmigrantes». Es decir, el documento oficial reconoce que las condiciones de vivienda, las deficiencias en los servicios sociales y las circunstancias laborales impuestas a muchos inmigrantes disuaden a los canarios para ocupar parte del empleo que se crea.

Esta explicación fue pasada por alto por la consejera de Empleo del Gobierno regional recientemente, cuando señaló que sólo el 15% de los canarios está dispuesto a cambiar de isla para conseguir un empleo y que, tales reticencias, son un terreno abonado para que los no residentes ocupen los puestos de trabajo. La realidad que no se quiere ver es la de que Canarias crea un empleo de muy baja calidad, que no absorbe el desempleo canario, que atrae a inmigrantes dispuestos a trabajar más por menos, que genera superpoblación y, por último, provoca el debate público sobre la necesidad de frenar la inmigración.

Se nos dice que hay que crear más empleo para reducir el desempleo. Pero la baja calidad de los puestos de trabajo disuade a los canarios y atrae a los inmigrantes que luego presentamos como problema. Canarias tiene una tasa de temporalidad del 39.4%, una proporción superior a la española, que triplica la de la Europa de los Quince. En el último trimestre de 2005, el Archipiélago tenía los sueldos más bajos de toda España, la jornada laboral pactada más larga y los precios son los terceros más altos del Estado. Por supuesto, sin una política de calidad para el empleo, jamás habrá pleno empleo. Y esto es así porque muchos desempleados no eceptarán puestos de trabajo en condiciones excesivamente degradadas. Por lo tanto, lo que previsiblemente sucederá es que la creación de empleo de baja calidad seguirá atrayendo inmigrantes. Y habrá trabajadores canarios no cualificados que perciban al inmigrante como responsable de sus penurias laborales. En vez de luchar por la calidad en el empleo, va apareciendo el problema del inmigrante que nos quita los puestos de trabajo. Esto tenderá a generar xenofobia. Y, evidentemente, quien se aprovecha de los trabajadores sentirá satisfacción al enfrentar al trabajador autóctono contra el inmigrante, en vez de verlos unidos para obtener mejoras laborales.

El modelo económico canario es incompatible con el pleno empleo. Si no hubiera desempleo, automáticamente mejorarían los salarios y las condiciones laborales. O sea, se produciría una redistribución de la riqueza desde la cúspide hacia la base de la pirámide social. Sin embargo, las fuerzas que gobiernan Canarias no están comprometidas con tal alteración del reparto de la renta. Y, obviamente, esto no lo reconocen y prefieren ver el problema en términos de excesiva inmigración. Mi lo hacia un informe del Gobierno de Canarias que daba cuenta de una evolución del empleo regional, entre 1992 y 2003, desde 452.900 puestos de trabajo hasta 770.775. El informe señalaba que, si la población hubiera crecido en Canarias al mismo ritmo que en el resto del Estado, habriamos logrado el pleno empleo y faltarían 48.000 trabajadores. Sin embargo, en aquel entonces había casi 100.000 desempleados a causa de la escasa calidad del empleo creado, que no absorbia el desempleo local y atraía a inmigrantes dispuestos a trabajar más por menos. En suma, si lográramos empleo de calidad es muy probable que se regulara el flujo inmigratorio. Por el contrario, la persistencia de empleo precario atraerá más inmigrantes. Debemos entender que los canarios tenemos un modelo de crecimiento económico insostenible, que se basa en el consumo de recursos naturales a gran escala, en un elevado nivel de empleo precario, que impide eliminar el desempleo, y en la consiguiente atracción de mano de obra inmigrante. Todo ello provoca una cierta superpoblación, que se atribuye al flujo de la inmigración para no cuestionar el modelo de desarrollo que atrae foráneos. La inmigración no es el problema, es síntoma del problema real que tenemos con nuestro modelo de desarrollo. Y nuestro modelo de desarrollo prevé una población para Canarias de 2.4 millones de personas para 2019. Esto, con las ratios actuales de vehículos por mil habitantes, supondrá 346.000 vehículos más. Asimismo, gastaremos 3.000 millones de euros en carreteras, haremos terceras pistas aeroportuarias, construiremos puertos, trenes, muchas más viviendas, pese a las 138.000 que tenemos vacías, y también aumentarán las camas turísticas.

Y, como el modelo de desarrollo apenas es cuestionado, las críticas se centrarán en el eslabón más débil de nuestro desarrollismo: el inmigrante. Así pues, el debate sobre la inmigración adquiere la irracionalidad necesaria para ocultar los graves fallos de la economía canaria.

Opinión. «La realidad que no se quiere ver es la de que Canarias crea un empleo de muy baja calidad, que no absorbe el desempleo de las Islas» 2 Ramón Trujillo / Coordinador Insular de Izquierda Unida Canaria en Tenerife