Ante la sentencia del TC: pensamos que es urgente la derogación del RDL 16/2012 sobre la Atención Sanitaria a la población inmigrante no regularizada, ya que es inhumano y lesivo para la salud.

Como es conocido, el RDL 16/2012, entre otras muchas medidas lesivas para la Sanidad pública, excluyó a la población no regularizada en España (los inmigrantes irregulares) de la Asistencia Sanitaria Pública. Esta situación provocó no solo un amplio rechazo social y profesional, sino graves problemas de salud (existen varias muertes documentadas) para una población ya de por sí especialmente vulnerable.

Como respuesta, la mayoría de las CCAA, como es el caso de Navarra, pusieron en marcha normativas de

diverso rango para garantizar y/o favorecer esta asistencia sanitaria, de manera que a mediados de 2017 solo la comunidad autónoma de Castilla y León no había establecido ningún mecanismo de asistencia a los inmigrantes sin regularizar;La Rioja lo hacía mediante un convenio con las ONG.

A las críticas por el Real Decreto 16/2012 se sumaron diversas ONG, partidos de la oposición, profesionales y asociaciones de pacientes. Desoyendo todas estas voces, la legislación aprobada en varias CCAA para garantizar esta asistencia sanitaria fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central y recientemente (desde noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018) se han anulado las legislaciones en 4 de estas CCAA (Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura y Navarra).

Recientemente, también se añaden las críticas emitidas por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), quien ha difundido un Informe sobre el grado de incumplimiento del Ejecutivo con los Derechos Humanos, en el que se recomienda, entre otras cosas, el que el Ejecutivo tome medidas efectivas que garanticen el derecho a la Salud de toda la población inmigrante.

Ante la situación actual sobre la atención de Salud en la población inmigrante no regularizada, queremos señalar lo siguiente:

1. Aunque por parte del TC se justifican las anulaciones por razones competenciales, entendemos que el Derecho a la Salud de las personas es un derecho básico recogido por los tratados internacionales que debe de prevalecer sobre otros de carácter técnico-organizativo.

2. De estas decisiones del TC se deriva de hecho una situación de desprotección de un grupo de personas que tienen con frecuencia serios problemas de Salud y que pueden provocar importantes problemas de Salud Pública.

3. Pensamos que es urgente la derogación del RDL 16/2012 por inhumano, lesivo para la Salud e ineficaz desde el punto de vista sanitario.

Valoramos positivamente que el Gobierno de Navarra siga poniendo en marcha imprescindibles sistemas alternativos que persiguen garantizar la asistencia sanitaria de este colectivo. Sin embargo, entendemos que no es bueno que haya que recurrir a recovecos legales para garantizar la atención sanitaria a todas las personas que están en el territorio de este país. Con esta sentencia del TC una vez más se pone en evidencia que el Gobierno español es despiadado con los débiles y comprensivo y colaborador con los corruptos y poderosos. Sólo la tantas veces reclamada derogación del RD 16 /2012 garantizaría el Derecho a la Salud de la población inmigrante no regularizada. Es una cuestión de Derechos Humanos. Las autoras son Mariví Mateo, MªCarmen Fuertes y Ana Arillo (Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra)