El Gobierno de Estados Unidos ha interpuesto este miércoles una demanda contra el estado de California por varias leyes migratorias que desafían las políticas de Donald Trump y, bajo su punto de vista, violan la Constitución, informaron medios locales.

En la demanda, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ha pedido a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.

El Gobierno de Trump considera que estas tres leyes “santuario” que impide la deportación de migrantes en situación irregular. Según la demanda, las normativas “reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos”.

La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump al Estado de California, que por su tamaño y por su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en materia de inmigración.

Está previsto que Sessions anuncie este miércoles la presentación de la demanda durante un acto con agentes de la ley en California. “El Departamento de Justicia y el Gobierno de Trump combatirán estas políticas injustas, desleales e inconstitucionales que os han impuesto”, dirá Sessions, según unos avances de su discurso a los que han accedido medios locales.

“Estamos luchando para hacer vuestros trabajos más seguros y para reducir el crimen en Estados Unidos. Y creo que vamos a ganar”, añadirá.

La demanda va especialmente dirigida al gobernador californiano, Jerry Brown, y al fiscal estatal, Xavier Becerra. Brown ya la calificó de “maniobra política” del Gobierno de Trump y dijo que Sessions llega a California a “dividir y polarizar más Estados Unidos”.

Becerra, por su parte, defendió la constitucionalidad de las leyes californianas y dijo que las entidades locales y estatales “tienen el derecho de determinar qué políticas son mejores” para ellas.

Sessions, bajo las órdenes de Trump, inició a su llegada al Departamento de Justicia una cruzada contra las políticas “santuario”, como se denomina a las que desde las entidades locales protegen a los indocumentados de la deportación.

Las mayores ciudades del país, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre muchas otras gobernadas por la oposición demócrata, han adoptado estas políticas, que limitan el flujo de información entre sus policías y los agentes de inmigración.