La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha proclamado su intención de que Andalucía sea la primera comunidad autónoma española que apruebe – ”en el ámbito de sus competencias”, ha matizado – la primera ley contra la trata de mujeres.

Díaz, quien realizaba este anuncio en el acto de entrega de los Premios Meridiana de este lunes, que el Instituto Andaluz de la Mujer concede desde hace veinte años para reconocer a quienes promueven la igualdad, ha pedido a todos los grupos políticos andaluces que apoyen esta iniciativa para favorecer “a las niñas y mujeres víctimas de la explotación sexual y de la trata”.

Ha recordado que la ubicación geoestratégica de Andalucía la sitúa “muy cerca” del drama de cientos de mujeres subsaharianas que son violadas para que sus embarazos, “casi en su totalidad no deseados”, les facilite entrar por las costas andaluzas y que, posteriormente, son secuestradas por las mafias de los centros de internamiento y obligadas a prostituirse, bajo la amenaza de atentar contra sus hijos o sus familiares de origen.

Ha añadido que este drama amenaza también a jóvenes procedentes de países del Este europeo o de Sudamérica que en el algunos casos son engañadas o incluso vendidas. “Andalucía será la primera comunidad autónoma que levante esa bandera y le pido a todas las fuerzas políticas que nos acompañen; no puede haber esclavas en el siglo veintiuno”, ha apostillado.

Por otra parte, será este martes cuando el proyecto de reforma de la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género quede aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta. El plan será presentado en el Pleno del Parlamento autonómico por la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, con el propósito de ampliar el concepto de víctima e incluir la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres.

Con esta modificación, Andalucía adecuará su legislación al Convenio del Consejo de Europa de Estambul de 2011, primer instrumento vinculante de ámbito europeo en la materia, según ha señalado la Consejería. El texto, que sustituye al que estaba vigente desde 2007, también se adapta a los cambios de la regulación estatal en aspectos como el estatuto de la víctima y la protección de la infancia y la adolescencia.

La principal novedad que se introduce es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, al incluir en ella también a menores, personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento.