Los dos jóvenes que el sábado causaron graves lesiones a un ciudadano portugués de origen guineano en Castellar del Vallès fueron puestos ayer en libertad con cargos por un juez de Sabadell, a pesar de que uno de ellos acumula 17 detenciones, y deberán personarse en el juzgado cada 15 días. La decisión judicial ha sido por lo menos poco sensible con la alarma social de la población y la petición de la alcaldesa, que ayer mismo reclamó a los cuerpos policiales y a los tribunales eficacia en la represión de esta clase de delitos, cuyo origen en Castellar se localiza en un núcleo de jóvenes xenófobos que en la fiesta mayor del 2003 causaron un grave altercado.
La reiteración de los ataques en los tres últimos años es la prueba concluyente de que las cosas hasta hoy se han hecho mal. Ni ha habido presión policial sobre el grupo ultra de Castellar para que se sienta vigilado ni los tribunales han impuesto nunca una sentencia ejemplar, que incluya el agravante de intencionalidad racista, quizá porque la descoordinación policial privó a la fiscalía de las pruebas necesarias. Si no se ataja el mal en la calle y en los juzgados, la labor educativa en escuelas e institutos, esencial para construir un clima de convivencia en paz, no dará fruto.